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En 2021, el ministro de Salud de entonces, Daniel Rivera, alertó al país sobre un enorme desafío para nuestro sistema de salud: las parturientas haitianas. Según declaró en aquel momento, estas representaban el 70 % de los partos en los hospitales de Santiago y Valverde, consumían alrededor de RD$10 mil millones al año y empujaban al sistema sanitario hacia un colapso inminente.
La responsabilidad, por supuesto, no se asignó a los años de abandono estructural, sino a esas parturientas que, en sus palabras, “nos estaban ocupando el espacio”.
El presidente Abinader incluyó entre sus 15 medidas de “seguridad y soberanía” un protocolo hospitalario: exigir a los extranjeros identificación, comprobante de domicilio y carta de trabajo para recibir atención médica, además de establecerles una tarifa.
Quienes no cumplan serán atendidos, pero serán repatriados tras estabilizarse, con agentes migratorios presentes en cada hospital para fiscalizar el cumplimiento.
La justificación oficial: asegurar que los dominicanos no sean “desplazados” en su propio sistema de salud.
Avancemos hasta agosto de 2025. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció que, gracias al “protocolo migratorio” implementado en los hospitales, la atención a ciudadanos haitianos cayó hasta en un 67 %. Se proclamó una victoria administrativa, argumentando que ahora sí se podía “aliviar” la presión sobre el sistema y centrarse en la población dominicana.
¿O no?
Aquí surgen las preguntas que demandan respuesta. Si la disminución fue tan drástica, ¿en qué partidas concretas se tradujeron los ahorros? ¿Se gastó menos en insumos médicos, electricidad, agua o en equipamiento? ¿Se redujo la nómina del personal de salud?
Y más allá de los números: ¿en qué se invirtieron los recursos liberados? ¿En mejorar las salas de internamiento, que siguen superpobladas? ¿En adquirir medicamentos que aún escasean? ¿En garantizar la disponibilidad de sangre, equipos en buen estado o quirófanos operativos? ¿Se ha reforzado la atención primaria? ¿O la gran hazaña se limitó a rechazar a las parturientas haitianas y maquillar las estadísticas?
Porque, en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, los usuarios dominicanos continúan denunciando esperas interminables, falta de insumos básicos y un servicio ineficiente.
La pregunta entonces se vuelve inevitable: si en 2021 la precariedad se culpaba a las parturientas haitianas, y en 2025 su presencia se redujo drásticamente, ¿qué explicación queda para la persistente mala calidad del servicio de salud en los establecimientos públicos?
El argumento de la saturación migratoria sirvió, sin duda, como cortina de humo. Y ahora, con menos parturientas haitianas y una red pública de salud cuya percepción sigue siendo desastrosa, ya no hay dónde ocultar la verdad: el colapso no lo provocaron las parturientas haitianas, lo provocó el propio sistema. Y ese, lamentablemente, no tiene protocolo migratorio que lo saque del país.
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