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La reciente información sobre la supuesta presencia de mercenarios colombianos en el conflicto sudanés, supuestamente vinculados a operaciones privadas contratadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), es mucho más que un simple suceso. La participación de exmilitares colombianos en escenarios bélicos externos no es algo nuevo, pero, en el caso de Sudán, revela la interacción de múltiples dinámicas, como la privatización de la guerra, la proyección de poder de potencias globales y regionales, y una aproximación cada vez más fragmentada a la seguridad internacional.
Sudán es el escenario actual de una guerra interna de enorme complejidad, donde las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se disputan el control político, económico y territorial del país. El conflicto no es solo interno, sino que está alimentado por redes de alianzas regionales que convierten al territorio sudanés en un espacio de competencia estratégica. Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de brindar apoyo material a las RSF, mientras que hay evidencias de un respaldo egipcio a las SAF. Esta alineación no responde solo a afinidades políticas, sino a la ubicación estratégica de Sudán como puerta al Mar Rojo y enlace hacia el Sahel y el Cuerno de África.
En este contexto, la contratación de mercenarios – y otros actores relacionados con el mercenarismo – no es un accidente, sino un componente calculado. La experiencia de exmilitares colombianos en operaciones de contrainsurgencia, adquirida durante décadas de conflicto interno, los ha convertido en un recurso valioso en el mercado global de la seguridad privada. Su perfil combina disciplina, resistencia física, conocimiento táctico y disposición a asumir riesgos por remuneraciones significativamente mayores a las que obtendrían en labores de seguridad civil. La demanda de este tipo de personal ha crecido en conflictos donde los Estados patrocinadores buscan mantener distancia formal de las operaciones directas, evitando implicaciones legales o diplomáticas.
El caso sudanés se enmarca, además, en la tendencia creciente hacia la externalización de la guerra. Las empresas militares privadas, así como contratistas individuales, operan en un espacio gris entre lo legal y lo clandestino, ejecutando misiones que pueden ir desde la protección de instalaciones estratégicas hasta el combate activo. En escenarios como el sudanés, donde las líneas de frente son volátiles, el valor táctico de tropas con entrenamiento sólido y experiencia en combate irregular puede generar inclinaciones pequeñas, pero decisivas, en el equilibrio de poder.
Para Colombia, esta presencia plantea interrogantes sobre las consecuencias indirectas de “exportar” capital humano militar. La participación de excombatientes en conflictos externos no solo es un fenómeno económico, sino también geopolítico que implica la inserción de nacionales en acciones que pueden involucrar violaciones de derechos humanos o infringir sanciones internacionales; o incluso, puede convertirlos en víctimas de trata de personas o sumergirlos en dinámicas de explotación laboral. Y aunque estas acciones se desarrollen bajo contratos privados, la nacionalidad de los implicados no pasa desapercibida para los actores estatales y la comunidad internacional.
En Sudán, la participación de mercenarios extranjeros amplifica las dinámicas de internacionalización del conflicto. No es solo que potencias como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Egipto jueguen sus cartas; sino que el despliegue de personal, no solo colombiano, sino también latinoamericano, africano o europeo en tareas de combate evidencia que las guerras contemporáneas se sostienen con recursos humanos globalizados. Este patrón replica lo ocurrido en Yemen, Afganistán, Iraq o Libia, donde fuerzas locales y combatientes externos coexisten en un mosaico complejo de alianzas y rivalidades.
La importancia de los presuntos mercenarios colombianos en Sudán radica, por tanto, en su rol como multiplicadores de fuerza. En conflictos de baja intensidad pero alta fragmentación, una unidad pequeña y bien entrenada puede aportar ventajas tácticas desproporcionadas. Su conocimiento en guerra irregular, patrullaje y operaciones ofensivas les convierte en piezas útiles para actores que buscan rapidez y eficacia sin el costo político de desplegar tropas regulares.
Geopolíticamente, este fenómeno refleja una paradoja del orden internacional actual. Mientras los foros multilaterales promueven la resolución pacífica de controversias, la guerra se descentraliza hacia redes privadas, muchas veces alimentadas por economías emergentes exportadoras de fuerza militar. En ese esquema, Colombia se posiciona involuntariamente como proveedor de un recurso estratégico — combatientes experimentados a un costo relativamente bajo — que termina siendo instrumentalizado en conflictos donde el país no tiene intereses directos.
El riesgo de este fenómeno es doble. Por un lado, ubica a los exmilitares colombianos en el centro de conflictos con potencial de escalada regional, como el de Sudán, que involucra intereses de Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico y hasta el África subsahariana. Por otro, alimenta una economía paralela de guerra que opera al margen de los marcos regulatorios internacionales. La pregunta entonces no es quién contrata a estos efectivos, sino qué implicaciones tiene para la proyección internacional de Colombia que sus nacionales participen, de forma sistemática, en guerras externas.
En un mundo donde la frontera entre combatiente y contratista privado se diluye, Sudán se convierte en un espejo incómodo que muestra cómo los conflictos modernos no son únicamente intra o interestatales, sino que también incluyen redes globalizadas donde el capital humano, la tecnología y la geopolítica se entrelazan. Los presuntos mercenarios colombianos no son una anomalía en este esquema, sino un engranaje más de una maquinaria bélica que ya no reconoce fronteras.
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