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Actuar basándose en indicadores implica medir una situación, analizar la información y decidir cómo mejorarla.
Los indicadores de salud van más allá de simples estadísticas: brindan una visión de las condiciones generales de la población, de modo que las autoridades competentes puedan adaptar medidas, orientar acciones y poner en marcha programas de atención.
La reflexión que suele surgir a partir de los datos oficiales a menudo se queda en comparaciones superficiales con otros países, sin profundizar ni intentar traducir lo que realmente revelan esas cifras.
La tasa de mortalidad infantil se presenta como otro indicador, definido técnicamente como la cantidad de niños que fallecen antes de cumplir su primer año de vida por cada mil nacidos vivos. Más que un dato demográfico, este número muestra las reales condiciones de vida de ese grupo vulnerable y destapa las desigualdades en el acceso a la salud.
Una tasa elevada de mortalidad infantil señala la presencia de situaciones y factores estructurales que comprometen la vida desde el inicio. Detrás de cada niño que muere rara vez hay solo una cuestión médica; más bien, confluyen varios elementos: pobreza, falta de acceso a servicios básicos, atención sanitaria deficiente, bajo nivel educativo de los padres, desnutrición, entre otros.
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En la actualidad, contamos con una tasa de mortalidad infantil con las cifras más favorables de las últimas décadas, con un promedio de 15,92 por cada mil nacidos vivos. Sin embargo, ¿podemos afirmar que este valor refleja la realidad a nivel nacional? ¿Existen datos desglosados por provincias? Este promedio probablemente oculta profundas brechas territoriales y sociales.
En las áreas urbanas y con mayores recursos, las cifras pueden ser menores, mientras que en comunidades rurales y marginadas las condiciones son críticas. En nuestro país, algunos niños mueren simplemente por haber nacido en el lugar equivocado o por circunstancias sociales adversas.
La tasa de mortalidad infantil es un indicador clave de los determinantes sociales de la salud. Preguntas como quiénes fallecen y cómo viven esos niños en relación con la disponibilidad de agua, servicios sanitarios, seguridad alimentaria, barreras de acceso a la atención médica, nivel educativo o condición migratoria de los padres —en especial de las madres— son incómodas pero imprescindibles para un análisis honesto y sistémico.
La mortalidad infantil evidencia desigualdades y nos invita a cuestionar si es viable exhibir un crecimiento económico que no se traduce en bienestar social para todos. No basta abordar este problema solo desde la esfera biopsicosocial: es necesario incorporar la dimensión de justicia en salud, un principio fundamental de la bioética y de las políticas públicas, que alude a la equidad en el acceso a los servicios de salud.
Es esencial que el Estado priorice la equidad en salud, que las comunidades participen activamente en la vigilancia de sus indicadores y que el sector privado respalde iniciativas de desarrollo social, para garantizar que no ocurran muertes infantiles por causas prevenibles.
Reconocemos que la reducción sostenida de la mortalidad infantil en las últimas décadas se debe a decisiones acertadas que no deben abandonarse, sino reforzarse. La inversión en atención primaria, educación materna, nutrición, vivienda digna, mejoras en saneamiento y protección social impacta directamente en la supervivencia infantil, y requiere seguimiento y medición continua para perfeccionarse.
Un niño o niña que muere por situaciones evitables refleja un fracaso colectivo, y una sociedad que aspira a la justicia no puede permitirse normalizar ese fracaso.
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