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De acuerdo con el Ministerio Público, la organización atentaba contra los sistemas de seguridad de plataformas de televisión de pago y de streaming.
Santo Domingo, RD. – Dos de los miembros de una red dedicada a la piratería digital, desmantelada por el Ministerio Público en la Operación Domo, ya habían sido sentenciados en 2017 en Estados Unidos por conductas semejantes.
En el operativo, las autoridades capturaron a cuatro individuos acusados de comercializar de manera ilícita señales de renombrados canales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
La Operación Domo, dirigida por un equipo de 30 fiscales, comprendió 19 allanamientos coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la colaboración de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.
El despliegue se ejecutó junto al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con apoyo internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).
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Durante los registros en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se incautaron aparatos electrónicos, documentos y vehículos.
Según el Ministerio Público, la organización vulneraba los sistemas de seguridad de plataformas de televisión de pago y streaming, ofreciendo suscripciones ilegales a nivel nacional e internacional. El esquema incluía pagos en criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que posteriormente eran insertadas en el sistema financiero.
Los acusados enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos tipificados en la Ley 65‑00 de Derecho de Autor, la Ley 53‑07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155‑17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Esta acción se inscribe en los esfuerzos de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para combatir la criminalidad y la delincuencia en todas sus formas.
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