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La funcionaria precisó que la actuación de la DIGEIG en el caso se alineó en todo momento con los principios de legalidad y debido proceso.
SANTO DOMINGO.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, respondió este miércoles al presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, sobre una denuncia de omisión en la Declaración Jurada de Patrimonio del exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, respecto a la empresa Playa Morón, interpuesta por la organización.
Ortiz Bosch rechazó la existencia de prevaricación en este asunto y aclaró que la gestión de la DIGEIG se mantuvo en todo momento bajo los principios de legalidad y debido proceso. Subrayó que el informe presentado sobre el resultado de la investigación de la denuncia interpuesta por Adocco no contiene alteración ni desnaturalización de los hechos.
Indicó que el pasado 2 de octubre la institución recibió la denuncia No. D23-0080, presentada por De la Rosa Tiburcio, sobre la citada omisión por parte de Hernández.
Precizó que el 30 de octubre de 2023 la DIGEIG finalizó su investigación y elaboró el informe correspondiente, el cual fue remitido y entregado al denunciante el 1 de noviembre de 2023, tal como constan en el acuse de recibo firmado por ADOCCO, es decir, a los 28 días de la presentación de la denuncia.
“El informe detallado cumple con la directriz que impone la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y permite a la ciudadanía verificar las diligencias realizadas, las instituciones consultadas, la documentación obtenida y las inversiones corroboradas. Todo ello confirma el seguimiento adecuado del procedimiento de investigación llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG”, afirmó la funcionaria en un comunicado.
No obstante, añadió que “resulta llamativo el olvido del presidente de ADOCCO respecto al papel rector de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la aplicación de la Ley No. 311-14, órgano constitucional responsable del control, fiscalización, aplicación y adopción de las medidas correspondientes ante los incumplimientos en las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos obligados en virtud del artículo 2 de la citada ley”.
Ortiz Bosch subrayó que, en el caso, la DIGEIG constató que la primera Declaración Jurada de Patrimonio de Hernández fue presentada de forma extemporánea y, además, se omitió la inclusión de activos pertenecientes a una empresa familiar.
Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación, el exfuncionario Hernández presentó una rectificativa de su Declaración Jurada, la cual fue aceptada como válida por la Cámara de Cuentas, conforme al reglamento de aplicación de la Ley No. 311-14; y, por consiguiente, al culminar la investigación, la denuncia carecía de objeto legal, pues la Cámara de Cuentas — órgano constitucional rector en esta materia — ya había validado la corrección.
Enfatizó que, por tanto, la actuación de la DIGEIG se mantuvo en todo momento bajo los principios de legalidad y debido proceso, investigando los hechos conforme a las normas aplicables, respetando las competencias de los órganos rectores, garantizando el debido proceso y asegurando el derecho de los ciudadanos a estar informados.
“No hemos prevaricado. Conocemos la gravedad de esta figura en el ordenamiento jurídico. En el informe no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos: simplemente se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades de la Cámara de Cuentas”, concluyó.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) interpuso una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La acusación se basa en la presunta omisión en su declaración jurada de patrimonio, al no incluir un bien valorado en más de US$4,000,000.00, registrado mediante una empresa constituida en agosto de 2022, en contravención a la ley.
La entidad, representada por Tiburcio de la Rosa, presentó la solicitud en la Pepca, pidiendo investigar al exfuncionario por no haber declarado en su patrimonio el activo familiar más valioso ni su empresa con fines de lucro de mayor capital invertido: Constructora Playa Morón.
De acuerdo con la denuncia, esta sociedad fue registrada por Ángel Hernández ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) el 31 de enero de 2022, bajo el número de registro 4754-2022. Posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la compañía fue formalmente constituida.
Según consta en los registros, la empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarias a la esposa del exministro, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta, quienes aparecen como socias desde el 29 de septiembre de 2022, un mes después de que Hernández asumiera el cargo de ministro de Educación.
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