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Washington, D.C., 18 de septiembre – Las organizaciones internacionales de derechos humanos firmantes advertimos a la comunidad internacional sobre el aumento de los ataques al sistema judicial peruano y las consecuencias irreparables en caso de que se consuma. El Congreso y el Poder Ejecutivo pretenden neutralizar cualquier mecanismo de control sobre normativas que vulneran derechos humanos, favorecen a la delincuencia organizada o minan las atribuciones de la Fiscalía para combatir la corrupción. Estos acontecimientos confirman que el deterioro democrático avanza, erosionando los últimos contrapesos al poder.
Luego de que el Congreso y la presidenta Dina Boluarte aprobaran y promulgaran una ley de amnistía destinada a exonerar a militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos – en flagrante desacato a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente responsable de supervisar, nombrar y remover a jueces y fiscales, ha iniciado procedimientos disciplinarios contra quienes, al aplicar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, han rechazado dicha norma por considerarla contraria a esos instrumentos. Estos procesos son impulsados por congresistas con intereses de proteger la impunidad, que amenazan públicamente a jueces y fiscales que no aplican la ley.
De igual forma, el actual Defensor del Pueblo, quien en su momento apoyó públicamente la Ley de Amnistía, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional alegando, en aparente contradicción con su postura inicial, que la norma es inconstitucional. Esta jugada busca que el tribunal declare la constitucionalidad de la disposición, lo que impediría a cualquier juez del país inaplicarla.
Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia, cuyas autoridades fueron elegidas mediante un proceso con serias irregularidades, se dispone a suspender de su cargo a la actual Fiscal de la Nación, en un trámite irregular donde no se le ha permitido ejercer plenamente su defensa. Se le imputa no haber restituido en el cargo a la anterior fiscal Patricia Benavides, pese a que la medida fue adoptada en una sesión secreta de la propia Junta y sin los votos que la ley exige, entre otras graves anomalías.
La inminente suspensión de la máxima autoridad del Ministerio Público permitiría reconfigurar el liderazgo de la institución con el objetivo de influir en el desarrollo de investigaciones penales que involucran a altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, su hermano, varios expresidentes y numerosos congresistas. En la actualidad, 105 de los 130 miembros del Congreso tienen procesos penales o investigaciones abiertas por cargos graves, incluida la corrupción.
La gravedad del panorama descrito muestra que el Estado peruano cumple con los requisitos para ser incluido en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mecanismo destinado a monitorear de cerca a los países donde se presentan graves afectaciones al orden democrático y a los derechos humanos. Hacemos un llamado a dicho organismo para que adopte esta medida necesaria. La incorporación de Perú en este capítulo constituiría un reconocimiento de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y una herramienta clave para visibilizar la urgencia de adoptar medidas estructurales de corrección.
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