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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) describió como un atentado a la libertad de prensa la demanda interpuesta el lunes por el presidente de EE. UU., Donald Trump, contra The New York Times y cuatro de sus reporteros por supuesta difamación.
Según fuentes divulgadas por los medios, la acción, cuyo valor asciende a 15 mil millones de dólares, se presentó ante un tribunal de distrito en Florida.
La acusación se basa en varios artículos y un libro redactado por dos periodistas del diario, publicados en el período previo a las elecciones de 2024, y los califica como “parte de un patrón de décadas de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump” por parte de The New York Times, informó la agencia The Associated Press.
Trump sostuvo que el periódico empleó un “método de mentiras” contra él, su familia y sus negocios, según la prensa. El mandatario anunció en su red social Truth Social que había presentado la demanda y describió al The New York Times como “uno de los periódicos más nocivos y degenerados de la historia de nuestro país, que se ha convertido en un portavoz virtual del Partido Demócrata de la izquierda radical”.
Los demandados son The New York Times Company, los periodistas Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt, así como la editorial Penguin Random House, que publicó un libro sobre Trump escrito por los periodistas Craig y Buettner.
Desde el New York Times: “Esta demanda carece de fundamento. No posee ninguna base legal legítima y, al contrario, constituye un intento de silenciar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará amedrentar por tácticas intimidatorias. Continuaremos investigando los hechos sin temor ni favoritismo y defendiendo el derecho de los periodistas, respaldado por la Primera Enmienda, a formular preguntas en nombre del pueblo estadounidense”.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, manifestó la solidaridad de la organización con el medio y los periodistas implicados.
“Esta acción no persigue la justicia, sino que convierte a los tribunales en una herramienta política para intimidar y castigar a la prensa crítica. Se trata de un ataque directo contra la libertad de prensa. Demandas de este tipo amenazan con desalentar el periodismo independiente y contravienen principios fundamentales consagrados por la Primera Enmienda”, indicó Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, alertó sobre el posible efecto suppressivo que podría generar esta demanda en otros medios.
“El intento de desmantelar a un periódico con una suma exorbitante es una forma de censura encubierta que atenta contra la esencia misma de la democracia. La demanda envía un mensaje amenazante a todo el periodismo: frente a estos abusos de poder, la respuesta debe ser clara: no se negocia con la verdad ni con la libertad de informar”, señaló Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
La SIP recordó que la jurisprudencia estadounidense ha establecido un estándar exigente para probar la difamación contra personajes públicos, precisamente para proteger a la prensa de intentos de silenciarla por incomodar al poder.
Trump ya había iniciado procesos judiciales contra otros medios, entre ellos CBS/Paramount y ABC/Disney, empresas con las que llegó a acuerdos extrajudiciales millonarios.
Asimismo, en julio demandó al periódico The Wall Street Journal, reclamando unos US $ 10 mil millones por difamación, demanda que en su momento fue rechazada por la SIP.
La Declaración de Chapultepec de la SIP establece que la intimidación a periodistas y las limitaciones a la circulación de información son prácticas que “se oponen directamente a la libertad de prensa” y la “restringen gravemente”.
Por su parte, la Declaración de Salta II advierte que las demandas desproporcionadas —utilizadas para fomentar la autocensura y comprometer la sostenibilidad de los medios— constituyen un grave abuso de la justicia.
Diversos informes internacionales confirman estas inquietudes. Un reporte de Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció que la administración Trump ha intensificado su hostilidad hacia la prensa mediante tácticas autoritarias empleadas en otros regímenes del mundo.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió en un informe especial que, durante los primeros 100 días de gobierno, Trump generó un “clima de miedo” y un deterioro de las condiciones democráticas a través de su guerra contra la prensa.
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