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El dirigente reformista subrayó que la energía eléctrica constituye un servicio estratégico que sostiene el entramado productivo y social.
Santo Domingo, RD.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico “Quique” Antún Batlle, culpó a la improvisación de las causas de los cortes en el suministro eléctrico que se están registrando en todo el país, afectando a diversos sectores de la población.
En ese sentido, manifestó que la improvisación energética “es un costo que siempre paga el pueblo”.
Indicó que el déficit actual es el resultado directo de no haber planeado con antelación la incorporación de nueva generación, la modernización de la red y la implementación de almacenamiento integrado a los proyectos renovables.
“En otras palabras, la coyuntura que hoy obliga a decretos de excepción es fruto de una planificación insuficiente e improvisada”, añadió.
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Antún Batlle consideró que el sector eléctrico no puede depender de parches o medidas puntuales, “pues cada improvisación termina costando más que una planificación adecuada”.
Explicó que se requiere una política energética estatal, coherente y estable, que priorice la eficiencia, la diversificación y la sostenibilidad.
De no hacerlo –prosiguió–, cada cierto tiempo nos veremos obligados a repetir el mismo ciclo: decretos de emergencia, inversiones exorbitantes y compras apresuradas, sin los controles que nos alejen de la duda y una mayor carga fiscal que finalmente recae sobre el pueblo dominicano.
El dirigente reformista enfatizó, en sus declaraciones a la prensa, que la electricidad es, sin lugar a dudas, un servicio estratégico que sustenta el tejido productivo y social de la República Dominicana.
Señaló, a su vez, que cada decisión en este sector debería derivarse de una planificación rigurosa, transparente y de largo plazo, “pues de ello depende no solo la estabilidad económica, sino también la calidad de vida de millones de dominicanos”.
Asimismo, se refirió al decreto número 517‑25, emitido la semana pasada por el presidente Luis Abinader, del que afirmó que “aunque justificado en la urgencia de evitar un desabastecimiento, transmite la sensación de responder más a la inmediatez que a una estrategia estructurada y coherente”.
Quique Antún señaló que el decreto establece como prioridades la contratación de nueva generación térmica de respuesta rápida, la instalación de baterías independientes (stand‑alone) y la autorización a las distribuidoras para ejecutar compras masivas y proyectos de rehabilitación de redes bajo la figura de emergencia.
“A primera vista, estas medidas parecen razonables para enfrentar una coyuntura apremiante; sin embargo, al analizarlas en detalle, revelan serias debilidades en materia de planificación y riesgos significativos para las finanzas públicas y la transición energética”, apuntó.
Agregó que dicho decreto, aunque justificado en la urgencia de evitar un desabastecimiento, “da la impresión de responder más a la inmediatez que a una estrategia estructurada y coherente”.
El presidente del PRSC explicó que una primera preocupación surge del artículo 1, literal c, que faculta a las empresas distribuidoras a adquirir materiales, equipos y repuestos de forma acelerada.
Recordó que la Ley 340‑06 de Compras y Contrataciones establece que la excepción de emergencia solo puede invocarse en situaciones extraordinarias de fuerza mayor, aquellas que representen un peligro inmediato para la vida, la seguridad pública o la economía nacional.
“Extender esta figura a procesos de compras masivas en las distribuidoras abre un amplio margen de discrecionalidad. En un contexto de grandes volúmenes de contratación, este mecanismo puede derivar en sobrecostos, ineficiencias y falta de controles efectivos, creando un precedente preocupante para la gestión del erario”, afirmó.
Quique Antún manifestó que otro punto llamativo es la inclusión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) entre las instituciones facultadas para suplir generación térmica.
Entiende que esta disposición resulta, al menos, contradictoria, pues no solo desconoce la naturaleza propia de EGEHID como entidad de generación hidroeléctrica, “sino que envía un mensaje de improvisación y falta de claridad en la definición de los roles de cada empresa pública del sector”.
“En materia financiera, la preocupación es aún mayor. El subsidio eléctrico para el año 2025 se estima en torno a los 1.600 millones de dólares, cifra que compromete seriamente la sostenibilidad de las cuentas fiscales”, destacó.
Continuó diciendo que insistir en soluciones basadas en generación térmica, con combustibles cada vez más costosos y volátiles, y en compras de emergencia por parte de las distribuidoras, “no hará más que incrementar esta carga, desplazando recursos que el país necesita urgentemente en educación, salud e infraestructura social”.
También citó el artículo 7 del decreto, que declara de interés nacional la ampliación de la matriz, lo que describió como “una oportunidad perdida”.
Su redacción es tan general –agregó– que deja a la interpretación la inclusión de energías renovables, sin brindar un mandato claro para priorizarlas. En lugar de enviar una señal contundente hacia la diversificación sostenible, se apuesta a soluciones coyunturales que no fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico frente a choques futuros.
Concluye diciendo que la conclusión inevitable es que la verdadera emergencia no se origina únicamente en factores externos, como el cambio climático o el crecimiento de la demanda, “sino también en la falta de previsión acumulada durante años”.
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