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Phoenix, Arizona — La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió a los agentes federales la facultad de efectuar redadas de inmigración en Los Ángeles, una determinación que grupos de derechos humanos describieron como un golpe devastador contra las comunidades migrantes y las garantías constitucionales.
Con una votación de seis contra tres, la mayoría conservadora del máximo tribunal anuló una orden judicial que había prohibido a ICE detener a personas únicamente por su raza, idioma, ocupación o por el lugar donde se encontraban. La resolución permite que las operativas continúen mientras el litigio avanza en instancias inferiores y, según los activistas, sienta un precedente que podría expandir esas prácticas a otras ciudades del país.
El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente, sostuvo que la decisión anterior de la jueza federal Maame E. Frimpong había limitado “en exceso” a los agentes migratorios. En contraste, la magistrada Sonia Sotomayor, en su disidencia, advirtió que la medida expone a “innumerables personas en la zona de Los Ángeles” a ser arrestadas y esposadas simplemente por su apariencia o acento.
De acuerdo con los datos más recientes del Censo de EE. UU., la población latina o hispana del condado de Los Ángeles asciende a aproximadamente 4 804 763 personas, lo que representa cerca del 48,6 % del total del condado.
Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU del sur de California, acusó al gobierno federal de admitir que su campaña de deportación se rige por criterios raciales:
> “Esta decisión constituye un retroceso devastador para nuestras comunidades… en su solicitud a la Corte Suprema, el gobierno dejó claro que su operación de deportación está impulsada por la raza. Continuaremos combatiendo el plan racista del gobierno.”
Para Armando Gudino, director ejecutivo del Los Angeles Worker Center Network (LAWCN), la sentencia abre la puerta a prácticas discriminatorias a nivel nacional:
> “La Corte Suprema ha legitimado el perfil racial, creando un precedente peligroso para los derechos de los inmigrantes y las libertades civiles”, manifestó en un comunicado de la ACLU del sur de Arizona.
El demandante principal, Pedro Vásquez Perdomo, relató que fue detenido por ICE sin orden judicial ni explicación:
> “Jamás mostraron una orden, ni una justificación. Me trataron como si no importara — encerrado, con frío, sin comida ni abogado. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? No es justicia. Es racismo con placa.”
Chris Newman, director legal de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), advirtió que la resolución marcará el camino para operativos en otras urbes del país:
> “La mayoría de la Corte Suprema deja claro que los trabajadores no blancos son ahora un blanco legítimo, y en la práctica otorga su visto bueno para que se vulneren los derechos constitucionales en otras ciudades.”
El Departamento de Seguridad Nacional informó que, desde junio, ha efectuado más de 5 000 detenciones en Los Ángeles y prometió “inundar la zona” tras la decisión. El caso seguirá su curso en California con una audiencia prevista para el 24 de septiembre, mientras organizaciones como la ACLU y LAWCN anunciaron que continuarán litigando contra lo que consideran un ataque directo a la Cuarta Enmienda y a los derechos civiles.
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