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Francisco Alberto Cedeño Amparo huyó mientras era conducido al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia que le fue impuesta por el fallecimiento de un individuo.
En respuesta a una petición del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia aprobó la entrega en extradición de un dominicano solicitado por Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.
Francisco Alberto Cedeño Amparo escapó durante su traslado a la Corte de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia dictada por la muerte de un hombre debido a heridas con arma blanca y por el intento de asesinato contra una mujer, ambos sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2008.
En 2016, tras su huida hacia República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico emitieron una alerta, lo que condujo a su captura. Durante el proceso se determinó que previamente también se había fugado de la justicia puertorriqueña después de que se le impusiera una fianza de 1.5 millones de dólares.
El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, al frente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, junto con la fiscal Elvira Rodríguez, representaron al Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, tomó la decisión tras acoger la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos, al determinar que fue interpuesta conforme a la legislación nacional y a los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia dispuso que se encargue a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión, para que sea comunicada a la autoridad administrativa competente, con el fin de emitir el decreto del Poder Ejecutivo que ordene la entrega del detenido solicitado en extradición, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y las leyes que rigen la materia.
En contra del procesado se mantiene la medida de coerción de prisión preventiva hasta que se concrete su extradición.
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