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El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), bajo la dirección del ministro Carlos Bonilla, dio a conocer este viernes los resultados de los operativos de inspección efectuados en varios locales comerciales, con la finalidad de proteger vidas y asegurar la integridad estructural de los edificios.
En la conferencia de prensa, el ministro Bonilla precisó que los cierres provisionales de distintos establecimientos se sustentan en la Ley 687‑82 y en los Reglamentos Técnicos R‑004 (Decreto 232‑17) y R‑021 (Decreto 576‑06), los cuales demandan licencia de construcción y certificación de inspección final como condiciones imprescindibles para ejercer legalmente.
“Nuestro compromiso es inequívoco: asegurar que tanto los trabajadores de estos locales como sus clientes estén resguardados. Cada medida tomada persigue ese fin: salvaguardar la vida y la seguridad de la población”, sostuvo Bonilla.
Los reportes técnicos señalan diversas deficiencias en los edificios inspeccionados, entre ellas:
* Ausencia de redundancia estructural
* Pisos blandos y deformaciones notables
* Irregularidades en la elevación y la distribución de plantas
* Uniones deficientes, sin soldadura ni torque apropiado
* Secciones no compactas y sin certificación conforme a normas internacionales
El ingeniero estructural Luis Abbott, que asistió al evento, advirtió que varias de estas construcciones podrían derrumbarse aun sin la presencia de fenómenos naturales como sismos o ciclones.
“Estas estructuras son extremadamente vulnerables. Es necesario someterlas a evaluaciones técnicas para corregir los defectos y determinar sus niveles de riesgo”, indicó Abbott.
Antes de la difusión pública, el MIVED mantuvo una reunión con los dueños de los locales clausurados, a quienes se les explicó minuciosamente los hallazgos técnicos. La entidad reiteró su disposición a acompañarlos en el proceso de reparación y regularización.
El MIVED subrayó que ejercer actividades en edificaciones sin licencia de construcción ni certificación técnica constituye una infracción administrativa, con posibles sanciones legales. Asimismo, este incumplimiento constituye una amenaza directa a la seguridad estructural, a la vida de los habitantes y a la estabilidad del país.
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