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La exdiputada del PRM está representada por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, quienes interpusieron un recurso de revisión sobre la sentencia de la Suprema Corte.
Rosa Amalia Pilarte, también exdiputada, solicitó la suspensión de la pena que le impuso cinco años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos del sector público y su traslado a la cárcel de Rafey en Santiago, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por medio de un recurso de revisión constitucional, la exlegisladora pidió la suspensión de la ejecución de la sentencia confirmada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia el pasado 29 de agosto, hasta que se resuelva dicho recurso.
El recurso fue presentado en la secretaría de la Suprema por los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, Roberto Medina Reyes, Amado Gómez Cáceres, Pedro Castellanos Hernández y George Alexander Medina Lora.
Actualmente, la Suprema Corte espera la notificación del recurso de revisión constitucional a la Procuraduría General de la República, para que esta última presente su escrito de respuesta y, posteriormente, remitir el expediente al Tribunal Constitucional.
Los juristas argumentan que el objetivo del recurso de revisión es proteger temporalmente el sistema institucional, los principios de separación de poderes, la seguridad jurídica y el derecho fundamental al debido proceso.
Señalan que el Tribunal Constitucional (TC) debe decidir sobre la irreparabilidad del daño que podría sufrir el solicitante si no se toman medidas cautelares.
Añaden que el TC también debe evaluar el posible perjuicio para el interés general o de terceros que podría resultar del otorgamiento de tal medida, y que el tribunal debe hacer un juicio ponderado sobre los intereses en juego.
Indicaron que en el caso de Rosa Amalia Pilarte, la preservación de su libertad personal, producto de la suspensión de la ejecución de la sentencia de la Suprema, no comprometería el sistema judicial ni afectaría los derechos de terceros.
Argumentan que su encarcelamiento está relacionado con presuntos delitos económicos, que no ponen en peligro la vida o la salud de otros, y que no implican infracciones significativas a la estabilidad, previsibilidad y seguridad que el sistema represivo debe ofrecer.
Afirman que el mismo TC ha establecido que “la existencia de una pena de prisión”, acompañada por la verificación de “elementos de derecho que podrían justificar la violación de derechos fundamentales”, justifica la concesión de medidas excepcionales como la suspensión de la ejecución de una sentencia penal firme, como en el caso de su cliente, con una condena cuestionable de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema, con la colaboración del Ministerio Público.
Mientras, el Pleno de la Suprema envió al juez de ejecución de la pena de La Vega la sentencia contra Pilarte, tras confirmar la condena de cinco años de prisión.
Un oficial de la Suprema intentó notificar la sentencia en el domicilio de la exlegisladora, pero no la encontró.
Por su parte, Pedro Inocencio Amador Espinosa, exprocurador adjunto y líder del equipo acusador, declaró que esta decisión es una advertencia para aquellos que creen que la política puede ser un refugio de impunidad.
Consideró que la justicia dominicana ha demostrado que, tarde o temprano, quien infringe la ley debe asumir las consecuencias.
Manifestó que la estrategia del Ministerio Público fue demostrar que el origen ilícito de los bienes de Pilarte era parte de un esquema de lavado de capitales y que, en su calidad de funcionaria pública, no podía evadir la justicia por su posición.
Dijo que uno de los aspectos más relevantes de la decisión fue la orden de decomiso de más de una docena de propiedades valoradas en cientos de millones de pesos, incluyendo terrenos, locales comerciales, apartamentos y propiedades rurales en La Vega y Jarabacoa.
“Este decomiso tiene un efecto punitivo y ejemplarizante: envía un mensaje claro de que el crimen de cuello blanco conlleva cárcel y la pérdida del patrimonio ilícitamente obtenido”, añadió.
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