Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI, EE. UU. – La congresista cubano‑americana María Elvira Salazar (FL‑27) pidió a la directora de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) que investigara a empresas del sur de la Florida que, según sus denuncias, estarían quebrantando el embargo y financiando al régimen cubano.
“Hoy, en el Comité de Servicios Financieros, solicité a la jefa de FinCEN que examine a compañías del sur de la Florida que supuestamente violan el embargo y alimentan a la dictadura cubana. También le pedí a la administración Trump que sancione a cualquier empresa que colabore con el régimen. Cada dólar que evade las sanciones alimenta la represión en La Habana y usurpa la libertad del pueblo cubano”, escribió en X.
En un fragmento de su intervención ante el Comité, la congresista afirmó: “Hemos detectado que once compañías en mi distrito están infringiendo, de forma descarada y abierta, el embargo cubano. Estas compañías hacen negocios con el gobierno cubano, dándole el oxígeno necesario para sostener su aparato represivo”. Asimismo añadió: “Acabo de enviar una carta al secretario del Tesoro y al señor Rubio, del Departamento de Estado, pidiéndoles que investiguen y cierren esas empresas”.
Salazar exigió un compromiso explícito a la funcionaria de FinCEN: “¿Podría contar con su palabra de que usted y su oficina me ayudarán a actuar al respecto? (…) Realmente me gustaría que quedara constancia escrita de su compromiso”.
En respuesta, la directora de FinCEN manifestó: “Gracias, representante Salazar. Conozco bien nuestras limitaciones para tratar con el régimen cubano, por lo que le aseguro que FinCEN revisará la información y verá de qué manera puede apoyar investigaciones, ya sea a través de la OFAC o de otras agencias del Gobierno de EE. UU.”.
Salazar concluyó: “Están violando el embargo. Eso no se puede permitir porque la ley de Estados Unidos lo prohíbe”.
La intervención da continuidad a una gestión previa de la congresista republicana, que el mes pasado envió una carta a los departamentos de Estado y del Tesoro solicitando “investigar a empresas del sur de Florida sospechosas de eludir sanciones estadounidenses y de ayudar a la dictadura cubana”, advirtiendo que “las sanciones no sirven de nada si no se hacen cumplir”.
Según esa misiva – fechada el 21 de agosto y dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Scott Bessent, secretario del Tesoro – “varias compañías” habrían abierto recientemente en el sur de Florida “para ofrecer una gama de servicios cuyo objetivo principal es evadir las sanciones contra el régimen comunista en Cuba”, por lo que pidió “examinar esas infracciones y tomar las medidas correspondientes”.
Entre los tipos de negocio mencionados aparecen “paquetes turísticos”, “logística”, envíos puerta a puerta y venta de automóviles, que – según la congresista – permitirían sortear las restricciones. También recordó que un memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba del 30 de junio “respalda la aplicación estricta de las sanciones al régimen”.
Salazar también advirtió sobre el trasfondo de algunas de estas empresas: “Muchas de ellas pertenecen a cómplices del régimen”, citando como ejemplo a Jorge Javier Rodríguez Cabrera, “estrecho aliado de uno de los nietos de Raúl Castro”, recientemente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Añadió que “no es improbable que varias de estas compañías se hayan creado con el conocimiento y la autorización del gobierno cubano”.
La iniciativa de Salazar contó con el respaldo público de su colega Carlos Giménez, quien escribió en X: “Vamos tras los represores y los testaferros de la dictadura asesina de Cuba que se han infiltrado en nuestra comunidad. Los tenemos identificados y solicitamos a la administración que les apliquen la totalidad de la ley”.
Agregar Comentario