Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI – Un grupo de migrantes solicitó “clemencia” al presidente Donald Trump tras el vencimiento, este lunes, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había beneficiado a cerca de 60 000 hondureños y nicaragüenses, dejándolos vulnerables a la expulsión tras haber residido más de 25 años en EE. UU.
“Le pedimos, por favor, que ahora que ha cerrado las fronteras, a los que estamos aquí dentro nos conceda un estatus temporal; lo solicitamos con humildad, de corazón, que no olvide que hemos construido, trabajado y aportado”, expresó a EFE la hondureña Iris Aguilar, desde Miami.
Una veintena de hondureños se congregaron en La Pequeña Habana para advertir de una “auténtica tragedia humana”, ya que el lunes llega a su fin el beneficio migratorio vigente desde 1999 para Honduras y Nicaragua. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que “ya no cumplen los requisitos para mantener la designación del TPS”.
El cese del TPS impactará especialmente a los migrantes de Florida, donde reside uno de cada tres de los más de un millón de beneficiarios en EE. UU., según un informe del Congreso, y es el segundo estado, después de Texas, con mayor número de hondureños; más de 55 000 perderán ahora su protección contra la deportación.
“Le imploramos al presidente que restaure el TPS, que lo reactive, porque a partir de la medianoche nuestra cobertura médica y muchos otros beneficios se acabarán; después de las 12 a.m., nos quedaremos sin nada, sin licencia”, manifestó Lesly Mejía, una de las afectadas.
El DHS argumentó que Washington otorgó el TPS a estas nacionalidades tras el paso del huracán Mitch en octubre de 1998, el segundo ciclón más letal del Atlántico, que dejó más de 11 300 fallecidos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7 000 en Honduras y casi 4 000 en Nicaragua.
Sin embargo, ahora sostiene que desde entonces “ha habido mejoras notables” en la situación de ambos países que “permiten el retorno ordenado de sus ciudadanos”, postura respaldada por la presidenta hondureña Xiomara Castro, aunque los migrantes afirman que “al contrario, las condiciones se han agravado”.
“En Nicaragua se ha impuesto una dictadura y en Honduras los gobiernos se han vuelto cómplices del crimen organizado. Lamentamos profundamente las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro al afirmar que Honduras ya es un país seguro para regresar. Esa aseveración dista mucho de la realidad”, indicó Mejía.
Las deportaciones desde EE. UU. podrían empeorar la crisis económica en Honduras, donde más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (27 %) depende de las remesas, según advirtió Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que representa a la comunidad hondureña.
“Honduras hoy no cuenta con la capacidad para recibir a más de 55 000 compatriotas que gozaban del TPS, ni a los 60 000 niños nacidos como ciudadanos americanos en este país, ni a sus madres, esposas o padres”, alertó Flores.
Para contrarrestar la terminación del TPS, Flores señaló que aún se mantiene un proceso judicial ante la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, cuya decisión está programada para el 18 de noviembre; mientras tanto, en los próximos dos meses los hondureños quedan expuestos a la expulsión.
Esta situación ya está alterando la vida de familias estadounidenses, como la del puertorriqueño Julio Marrero, casado con una beneficiaria del TPS que lleva dos meses sin empleo y vive con temor de salir de su casa, pues la deportación implicaría dejar atrás a sus hijos y nietos.
“(Está) muy asustada, teme que vengan a tocar su puerta; está recluida, no quiere salir y la situación es alarmante. Si no se hace nada antes del 18 de noviembre, tendremos que abandonar el país”, relató Marrero.
La falta de protección para hondureños y nicaragüenses llega pocos días después de que un juez federal bloqueó, el viernes, la orden del gobierno de Trump para eliminar el TPS que cubre a más de un millón de inmigrantes venezolanos y haitianos.
