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WASHINGTON (AP) — El bombardeo estadounidense contra lo que la Casa Blanca describió como una lancha rápida que supuestamente transportaba estupefacientes desde Venezuela se llevó a cabo después de que la embarcación había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa, generando nuevas preguntas entre los legisladores que exigen mayor claridad sobre la operación.
En una reunión informativa a puerta cerrada en el Capitolio, funcionarios de seguridad nacional admitieron esta semana que la barcaza, que llevaba a 11 personas —a quienes el gobierno del presidente Donald Trump ha catalogado como integrantes de la pandilla Tren de Aragua— fue objetivo de varios ataques de las fuerzas armadas estadounidenses tras cambiar de rumbo, según dos fuentes con conocimiento de la materia que hablaron bajo condición de anonimato para comentar los pormenores de la sesión privada. The New York Times fue el primero en publicar la noticia.
La Casa Blanca ha defendido la acción militar, pero varios senadores —demócratas y algunos republicanos— se muestran insatisfechos con los argumentos del ejecutivo y ponen en entredicho la legalidad de la medida. Consideran el ataque como un posible abuso del poder ejecutivo, en parte por emplear a la milicia para funciones de aplicación de la ley.
En una carta dirigida a la Casa Blanca, el senador Tim Kaine y más de veinte senadores demócratas señalaron que el gobierno federal no ha brindado “ninguna justificación legal válida” para autorizar el asalto.
Los legisladores piden más información al gobierno acerca de los hechos y del uso del poder militar estadounidense.
“Nuestras fuerzas armadas no son agencias policiales”, destacó esta semana el senador Jack Reed, demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, en un discurso ante el pleno. “No están autorizadas a cazar a presuntos criminales y ejecutarlos sin un juicio”, añadió Reed.
El gobierno de Trump ha alegado defensa propia como sustento legal del ataque, y el secretario de Estado Marco Rubio ha afirmado que los cárteles de droga “representan una amenaza inmediata” para la nación. EE. UU., que ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista, ha insinuado que podrían producirse más ofensivas militares contra objetivos vinculados al narcotráfico mientras libra “una guerra” contra los cárteles.
“El presidente actuó conforme a la normativa de conflicto armado para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno a nuestras costas”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. “Cumple su promesa de enfrentar a los cárteles y eliminar esas amenazas a la seguridad nacional que asesinan a estadounidenses”.
Añadió que “resulta extraño que alguien esté encubriendo a los narcoterroristas del Tren de Aragua, que pretenden envenenar a la patria mientras más de 100 000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis”.
El Pentágono sostuvo que los cárteles no hallarán “refugio seguro”.
“Este ataque envió un mensaje claro: si traficas drogas hacia nuestras costas, las fuerzas armadas de EE. UU. emplearán todas las herramientas a su alcance para detenerte en seco”, explicó el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell.
Reed manifestó en su alocución que el gobierno no ha presentado “prueba alguna de que esa embarcación estuviera involucrada en un ataque, o siquiera que transportara droga en ese momento”. También subrayó que la Casa Blanca no ha proporcionado “ni una identificación positiva de que el barco fuera venezolano, ni de que su tripulación perteneciera al Tren de Aragua o a cualquier otro cártel”.
Hasta ahora se desconoce qué revelaron los funcionarios de seguridad nacional durante la sesión en el Capitolio respecto a la identidad de los tripulantes y a las evidencias que el gobierno tendría de su vinculación con la pandilla. Una de las fuentes indicó que algunos pasajeros tenían afinidad con el Tren de Aragua, pero no eran miembros activos del grupo delictivo.
Tampoco quedó claro si se brindó información sobre el destino de la lancha ni si, de hecho, transportaba narcóticos. Según personas informadas, el Pentágono posee la capacidad de efectuar nuevos ataques militares en la zona.
Los senadores demócratas sostienen que el Congreso no autorizó el uso de la fuerza militar para este fin.
“Afirmamos que el Congreso no declaró la guerra ni aprobó el empleo de la fuerza militar para operaciones similares en el futuro”, redactaron los senadores demócratas en la carta dirigida al presidente.
El senador republicano Rand Paul señaló que resultaba improbable que la lancha se dirigiera a las costas estadounidenses, dado que el trayecto sería demasiado extenso para una embarcación de esas características.
Paul —un republicano de inclinación libertaria con un largo historial de cuestionar el exceso de poder ejecutivo, sobre todo en materia de seguridad nacional— argumentó que EE. UU. no puede eliminar a personas sospechosas sin el debido proceso judicial.
En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusó el jueves al gobierno estadounidense de asesinato, calificó la versión oficial como “una tremenda mentira” y preguntó cómo se vinculó a los ocupantes de la barcaza con la banda.
“¿Y cómo los identificaron como del Tren de Aragua? ¿Tendrán, qué sé yo, un chip? ¿Un código QR que leyeron desde el aire en la oscuridad?”, indagó Cabello. “Confesaron abiertamente haber asesinado a 11 personas”.
Cabello añadió que las autoridades venezolanas investigan el incidente, pero no ofreció más datos. También desmintió la afirmación de EE. UU. de que la nave atacada transportaba a 11 personas y droga, argumentando que el video publicado por la Casa Blanca la semana pasada mostraba una pequeña embarcación de pesca localmente conocida como “peñero”.
“Si metes a 11 personas en ese peñero no cabe nada más, porque cuando esos peñeros se aventuran a la mar, los pescadores deben cargar gasolina para el regreso y no quedar a la deriva”, puntualizó Cabello en una reunión con miembros del partido gobernante.
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