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La Comisión Ambiental de la UASD desestimó la iniciativa del senador Julito Fulcar de redefinir los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas para permitir el asentamiento de familias dentro de la zona protegida.
Afirmó que la propuesta es técnica y jurídicamente improcedente y, al mismo tiempo, ambientalmente nociva: abriría la puerta a la disminución de una área protegida y a la regularización retroactiva de ocupaciones ilegales, un precedente catastrófico para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Precizó que la Ley 64‑00 y la Ley 202‑04 ya establecen los límites, la categoría de manejo (Monumento Natural) y las normas de uso, por lo que “no faltan normas: falta cumplimiento”.
Recordó el principio constitucional de irreductibilidad, que dispone que las áreas del SINAP no pueden ser reducidas ni mutiladas. “Redelimitar” para excluir ocupaciones premia la ilegalidad. Calificó como un remedio ilusorio el “cambio de límites o de categoría”, pues no soluciona la ausencia de gestión, vigilancia y sanción.
Señaló que la propuesta vulnera la irreductibilidad al intervenir linderos ya establecidos y transgrede el principio de no regresión ambiental. Además, constituye una recompensa a la infracción al transmitir la idea de que la invasión y la extracción ilícita pueden ser legitimadas mediante regularización.
Añadió que la medida es una evasión de la raíz del problema, cuyo origen real es la falta de control, el incumplimiento del Plan de Manejo, el clientelismo político y empresarial y la ausencia de un régimen de sanciones. Advierte también de un riesgo de fragmentación, pues “ajustar” bordes genera pérdidas sucesivas con impactos geomorfológicos, ecológicos y sociales. Asimismo, crea inseguridad jurídica, pues modificar los límites por presión coyuntural debilita el Estado de derecho y el SINAP.
La comisión informó que en Las Dunas se lleva a cabo una extracción clandestina de arena que está provocando daños geomorfológicos irreversibles y una cadena de transporte‑venta‑uso que se mantiene protegida por la complicidad o inacción de las autoridades.
Otro problema son las construcciones ilegales y la presión política para “regularizarlas”. Además, la frontera agro‑ganadera con tala, quema y alambrados privatisan de facto un bien público y pretenden crear “derechos” inexistentes. También se observa un turismo no regulado con vehículos 4×4, deslizamientos en crestas, depósitos y acumulación de basura; falta de gestión de visitantes y contradicciones y omisiones por parte del gobierno.
La comisión exige el retiro de cualquier proyecto que modifique linderos o cambie la categoría del área, así como la ejecución inmediata y vinculante del Plan de Manejo (zonificación, cupos, protocolos de visita, restauración). Exige una vigilancia permanente mediante patrullaje terrestre y marítimo, torres de observación y garitas; guardaparques dotados de equipos y logística, y persecución de todos los que perjudiquen la zona protegida para evitar premiar a los infractores.
“Las Dunas de las Calderas no se negocian. Son patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana. Alterarlas o reducirlas equivaldría a una renuncia del Estado”, advirtió la comisión.
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