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Fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros lideraron los allanamientos en San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana; solicitan prisión para acusados.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público requirió a un tribunal del Distrito Nacional la aplicación de prisión preventiva, como medida cautelar, contra una mujer y un hombre arrestados por un fraude de más de once millones de pesos perpetrado por una estructura criminal que violó la red digital y financiera de una entidad bancaria.
Los imputados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo fueron arrestados durante un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en diferentes sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.
El operativo fue dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión preventiva contra los acusados señalados como parte de una red criminal que, junto a otros individuos aún prófugos, operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, para vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria, logrando estafar con la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00).
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para este domingo, 7 de septiembre de 2025, a fin de dar tiempo a las defensas de los imputados para presentar pruebas de arraigo.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano acusador afirma que se trata de una red criminal muy bien organizada y solicita la aplicación de prisión preventiva como medida necesaria para asegurar la correcta continuación del proceso, proteger la integridad de la investigación y garantizar la comparecencia de los imputados, mientras las investigaciones siguen en curso.
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