Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MUSCATINE, Iowa, EE. UU. (AP) – Días después de que casi perdiera la vida al ser alcanzado por disparos durante un intento de robo, Felipe de Jesús Hernández Marcelo acudió a una comisaría de Iowa con la expectativa de recuperar sus pertenencias.
La policía de Muscatine, Iowa, había incautado su automóvil y el dinero en efectivo que llevaba cuando le dispararon y casi lo matan el 21 de junio. Hernández, de 28 años, relató en su testimonio ante el tribunal que le informaron que no podía recuperar esos objetos. En su lugar, la autoridad lo detuvo por una orden de arresto pendiente por no haber pagado una multa de tráfico.
En cuestión de horas, Hernández fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanece bajo custodia mientras se tramita su expulsión, tras haber ingresado al país de forma irregular desde México en 2021.
Hernández se suma a un creciente número de víctimas de delitos y familiares que están siendo arrestados y retenidos indefinidamente como parte de la política de represión migratoria adoptada durante la administración Trump.
El ICE anuló una normativa que ofrecía protección a numerosas víctimas de detenciones y deportaciones. La cantidad de personas que solicitan visas que permiten a ciertas víctimas y a sus familias permanecer en EE. UU. parece haber caído drásticamente. Otros siguen en detención mientras esperan la conclusión de un largo proceso de solicitud. De los reclusos, muchos han sido declarados no elegibles para la liberación, en otro giro de la política del ICE.
Los críticos afirman que este enfoque no solo resulta cruel para las víctimas y sus seres queridos, sino que también afecta la seguridad pública al desalentar a los inmigrantes indocumentados de denunciar delitos o colaborar con la policía.
“Esta situación se ha convertido en la nueva normalidad. Este escenario se repite a diario en cada ciudad”, comentó Dan Kowalski, abogado retirado y especialista en leyes migratorias. “Cualquier interacción con cualquier nivel o tipo de autoridad, ya sea estatal, federal, civil o penal, te expone a ser detenido por el ICE”.
El ICE eliminó protecciones para víctimas de delitos en enero
En enero, el ICE revocó una política que obligaba a los agentes a evitar, en la medida de lo posible, la detención y deportación de inmigrantes que habían sido víctimas de delitos. La medida protegía a quienes poseían visas U y T, diseñadas para víctimas de violencia y trata de personas, así como a sus familiares. La protección también se extendía a quienes habían solicitado esas visas y estaban a la espera de una decisión, proceso que puede tardar varios años.
Hernández pretende solicitar una visa U y parece cumplir con los requisitos como víctima de una agresión grave y testigo clave contra los dos acusados del ataque. Sin embargo, el fiscal del condado de Muscatine, Jim Barry, aún no ha certificado su elegibilidad, según su abogado. Barry no respondió a los intentos de contacto.
Durante la administración Biden, la directriz indicaba a los agentes del ICE que consideraran la victimización como “un factor discrecional positivo” al decidir la detención, con el objetivo de no desincentivar la cooperación de inmigrantes víctimas con la justicia.
Algunos conservadores sostienen que la condición de víctima por sí sola no debería conferir beneficios migratorios.
La nueva normativa permite a los agentes del ICE detener a víctimas de delitos, incluidos los titulares de visas U y T, siempre que consulten con la policía “para asegurar que las investigaciones criminales y otras acciones de aplicación no se vean comprometidas”. Los agentes no están obligados a buscar pruebas de victimización.
Disminución de solicitudes de visas para víctimas de delito en los primeros meses de 2025
El número de peticiones de visas U se redujo casi a la mitad en el trimestre que culminó en marzo, el periodo que abarcó los dos primeros meses y medio del mandato de Trump, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
Varios abogados migratorios consideran que la caída refleja el temor de que la simple presentación de una solicitud coloque a la persona bajo mayor escrutinio gubernamental y aumente el riesgo de deportación.
La abogada de inmigración Bethany Hoffmann relató que uno de sus clientes, cuyo cónyuge había sido secuestrado, fue arrestado por el ICE al acudir a una cita para la toma de huellas dactilares como parte del proceso de visa U. “Llevo 17 años ejerciendo y nunca había visto algo así”, afirmó, añadiendo que el hombre no tenía antecedentes penales pero estaba bajo una orden de deportación de hace una década.
Documentos judiciales evidencian que otros solicitantes de visas U en todo el país han sido retenidos por el ICE, incluida una mujer en Maine que había sido asaltada y secuestrada en 2021.
Detención indefinida de personas que antes habrían sido liberadas bajo fianza
Otro factor agravante es la práctica reciente mediante la cual el ICE y los jueces migratorios exigen la detención prolongada de cualquier individuo que haya ingresado al país sin autorización.
Durante las últimas tres décadas, los abogados migratorios señalan que muchos de estos reclusos podrían haber sido liberados bajo fianza mientras se aguardaba el procedimiento de expulsión, siempre que no representaran un riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad. Con empleo estable, familiares locales y escaso antecedente penal, Hernández habría sido un candidato viable para la liberación.
En cambio, lleva casi tres meses recluido en la cárcel del condado de Muscatine bajo custodia del ICE.
Hernández ha estado separado de su hijo de nueve años, a quien cría como padre soltero, sin poder asistir a citas médicas cruciales para recuperarse de sus heridas de bala y sin poder ir a su trabajo en la construcción, que sustenta a su familia. Aseguró que le fueron negados los analgésicos durante los primeros cinco días, mientras soportaba un dolor insoportable.
“Pasé varios días encerrado en una celda individual. Parecía una eternidad”, recordó Hernández este mes durante su testimonio en el tribunal.
El 10 de septiembre, una jueza federal dictaminó que la detención de Hernández por parte del ICE sin audiencia de fianza era ilegal, y ordenó que un tribunal de inmigración celebrara una audiencia dentro de los siete días siguientes. La magistrada concluyó que el detenido estaba sufriendo un “daño irreparable”. La audiencia está programada para el próximo miércoles.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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