Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MUSCATINE, Iowa, EE. UU. (AP) – Días después de que casi perdiera la vida cuando un asaltante le disparó durante un intento de robo, Felipe de Jesús Hernández Marcelo se presentó en una comisaría de Iowa con la intención de recuperar sus pertenencias.
La policía de Muscatine, Iowa, había incautado su automóvil y el efectivo que llevaba cuando le dispararon y estuvo al borde de la muerte el 21 de junio. Hernández, de 28 años, declaró en su testimonio ante el tribunal que la autoridad le informó que no podía recuperar esos artículos. En su lugar, lo arrestaron por una orden de detención antigua por no haber pagado una multa de tránsito.
En cuestión de horas, Hernández fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanece detenido mientras se tramita su expulsión, tras haber ingresado al país de manera irregular desde su México natal en 2021.
Hernández se suma a un número creciente de víctimas de delitos y familiares que han sido arrestados y retenidos indefinidamente durante la política migratoria restrictiva del gobierno de Trump.
El ICE ha anulado una norma que protegía a numerosas víctimas de la detención y deportación. La cantidad de personas que solicitan visas que permiten a algunas víctimas y a sus familias permanecer en EE. UU. parece haber disminuido drásticamente. Otros siguen detenidos mientras atraviesan el prolongado proceso de solicitud. De los detenidos, muchos han sido declarados no elegibles para ser liberados, en otro ajuste de la política del ICE.
Los críticos afirman que el resultado no sólo es cruel para las víctimas y sus familias, sino que también compromete la seguridad pública al hacer que los inmigrantes ilegales sean reacios a denunciar delitos y a colaborar con la policía.
“Este tipo de situación es ahora la nueva normalidad. Este escenario se repite cada día en todas las ciudades”, comentó Dan Kowalski, abogado retirado y especialista en derecho migratorio. “Cualquier interacción con cualquier nivel o tipo de autoridad estatal o federal, sea civil o penal, te expone a ser detenido por el ICE”.
En enero, el ICE revocó una directriz que pedía a los agentes evitar, en la medida de lo posible, detener y deportar a inmigrantes que han sido víctimas de crímenes. Esa norma protegía a quienes poseían las denominadas visas U y T, que permiten a las víctimas de delitos y de trata de personas, así como a sus familiares, permanecer en el país. Las protecciones también se extendían a quienes habían solicitado esas visas y estaban a la espera de una decisión, proceso que puede tardar años.
Hernández desea tramitar una visa U y parece ser elegible como víctima de una agresión agravada y testigo clave contra los dos acusados del ataque. Sin embargo, el fiscal del condado de Muscatine, Jim Barry, aún no ha certificado su elegibilidad, según el abogado de Hernández. Barry no respondió a los intentos de contacto.
La política de la era Biden requería que los agentes del ICE buscaran indicios de que los inmigrantes habían sido victimizados y consideraran eso como “un factor discrecional positivo” al decidir su detención. El objetivo era evitar desalentar a las víctimas inmigrantes de cooperar con la policía en la denuncia y persecución de delitos.
Algunos conservadores han argumentado que la condición de víctima, por sí sola, no debería otorgar beneficios migratorios.
La nueva normativa permite a los agentes del ICE detener a víctimas de delitos, incluidos los portadores de visas U y T, siempre que consulten con la policía “para asegurar que las acciones de investigación criminal y otras iniciativas de aplicación no se vean comprometidas”. Los agentes ya no están obligados a buscar evidencia de victimización.
El número de solicitudes de visas U se redujo casi a la mitad en el trimestre que culminó en marzo, que abarcó los primeros dos meses y medio del mandato de Trump, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
Algunos abogados migratorios señalan que la caída refleja el temor de que una simple solicitud coloque a la persona bajo la mira del gobierno para una posible deportación.
La abogada de inmigración Bethany Hoffmann relató que uno de sus clientes, cuya esposa había sido secuestrada, fue arrestado por el ICE cuando acudió a una cita para la toma de huellas dactilares como parte del trámite de la visa U.
“Llevo 17 años ejerciendo y nunca había visto algo así”, declaró, añadiendo que el hombre no tenía antecedentes penales pero sí una orden de deportación de hace diez años.
Documentos judiciales revelan que otros solicitantes de visas U en todo el país han sido detenidos por el ICE, incluida una mujer en Maine que había sido asaltada y secuestrada en 2021.
El impacto se agrava con otra práctica reciente en la que el ICE y los jueces de inmigración han exigido la detención indefinida de cualquier persona que haya ingresado al país sin autorización.
En los últimos 30 años, los abogados migratorios afirman que muchos de esos detenidos podrían haber sido liberados mientras esperaban el proceso de expulsión, siempre que no representaran riesgo de fuga ni peligro para la comunidad. Con empleo estable, familiares locales y un historial criminal mínimo, Hernández habría sido un candidato para la libertad bajo fianza.
En cambio, lleva casi tres meses recluido en la cárcel del condado de Muscatine bajo custodia del ICE.
Hernández ha estado separado de su hijo de nueve años, a quien cría como padre soltero, sin poder asistir a citas médicas esenciales para recuperarse de sus heridas de bala, y sin poder trabajar en la construcción, fuente de ingresos para su familia.
Indicó que le negaron los analgésicos durante los primeros cinco días, mientras sufría un dolor insoportable.
“Pasé varios días en una celda individual. La sensación fue de una eternidad”, recordó Hernández este mes en su declaración ante el tribunal.
Una jueza federal dictaminó el 10 de septiembre que la detención de Hernández por parte del ICE sin audiencia de fianza era ilegal, y ordenó a un tribunal de inmigración que celebrara una audiencia dentro de siete días, concluyendo que estaba padeciendo un “daño irreparable”. La audiencia está programada para el miércoles.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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