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Los Ángeles, 2 de septiembre (LaOpinión).- El Juez federal Charles Breyer falló que el Gobierno del Presidente Donald Trump no puede utilizar a la Guardia Nacional en acciones contra civiles, como en Los Ángeles, California.
“El Congreso habló claro en 1878 al aprobar la Ley Posse Comitatus, que prohibía el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para hacer cumplir la legislación nacional”, escribió en su fallo el Juez Breyer de la Corte de Distrito Norte de California.
El Presidente Trump autorizó el despliegue de los militares -sin acuerdo con el Gobierno estatal- para llevar a cabo acciones policiales, incluyendo arrestos, allanamientos y control de multitudes, después de manifestaciones contra los operativos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Ciertamente, hubo protestas en Los Ángeles y algunas personas participaron en actos de violencia”, reconoció el Juez Breyer. “Sin embargo, no hubo rebelión, ni las fuerzas del orden civil fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la Ley”.
El fallo del Juez Breyer fue sobre la demanda presentada por el Gobierno del demócrata Gavin Newsom, que logró probar el uso “sistemático” de soldados armados para la aplicación de la Ley.
“Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados utilizaron de manera sistemática soldados armados (cuya identidad a menudo se ocultaba tras blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y demostrar de otra forma una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”, agrega el Juez. “En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus”.
Las acciones de la Guardia Nacional iniciaron en Los Ángeles luego de que ICE y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ampliaran operativos contra indocumentados en varios condados e incluso iniciaron detenciones en cortes migratorias, una actividad que se replicó en otras ciudades, incluida Nueva York.
Mientras congresistas federales del estado intentaron aplicar acciones de supervisión en centros de detención en un edificio federal, manifestantes incrementaron las protestas, pero fueron replegados por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).
El Juez Breyer reconoce que si bien los manifestantes lanzaron objetos peligrosos, incluidas bombas molotov, el despliegue militar de la Administración Trump fue ilegal.
“El memorando [de Trump] nunca mencionó específicamente a Los Ángeles ni a California; por el contrario, instruyó al Secretario de Defensa a ‘coordinarse con los gobernadores de los estados y la Oficina de la Guardia Nacional para identificar y ordenar el servicio federal de los miembros y unidades apropiados de la Guardia Nacional'”, acota el Juez.
A casi tres meses de que la Administración Trump desplegara militares en Los Ángeles, al menos 300 efectivos permanecen en esa ciudad, debido a decisiones del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Juez Breyer reconoce que la Administración Trump busca desplegar militares en otras ciudades, como Oakland y San Francisco, por lo que insta al Gobierno federal a evitar la violación a la Ley Posse Comitatus.
“Dado que existe el riesgo continuo de que los Demandados actúen ilegalmente y, por lo tanto, perjudiquen a los Demandantes, al Gobernador Newsom y al Estado de California, el Tribunal PROHÍBE a los Demandados violar la Ley Posse Comitatus”, indica.
El fallo del Juez Breyer se limita a California, mientras dio hasta el 12 de septiembre a la Administración Trump para que pueda apelar la determinación.
Esto ocurre al mismo tiempo que el Gobierno federal intenta desplegar a la Guardia Nacional en otros estados, como Illinois.
El Senador Alex Padilla (California) celebró la decisión del Juez federal sobre California.
“Hoy, un Juez federal confirmó lo que sabíamos desde el principio: Trump violó la Ley al intentar convertir a los militares en su propia fuerza policial nacional”, dijo. “La decisión de desplegar militares en Los Ángeles nunca tuvo que ver con una cuestión de seguridad pública. […] El Gobierno debe cesar sus esfuerzos por militarizar más ciudades en contra de sus propios ciudadanos”.
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