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MIAMI, Estados Unidos. — La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) rechazó este lunes, en una carta abierta al Gobierno de la República de Cuba, su designación como “organización vinculada al terrorismo”, dictaminada a finales de diciembre de 2023, cuando el régimen hizo pública la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior (MININT), sobre “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo”*.
El partido, no reconocido por el régimen de la Isla, calificó esa imputación como “una grave manipulación política, carente de base legal e histórica, cuyo único propósito es desacreditar y criminalizar a un movimiento cívico y pacífico” que desde 2011 trabaja “en favor de los derechos humanos, desarrollando labores humanitarias, la formación ciudadana y la dignidad de todos los cubanos”, según el documento.
En el mismo texto, la UNPACU prioriza la exigencia de liberación inmediata de su líder, José Daniel Ferrer García, y de “todos los presos políticos y de conciencia en Cuba”. La organización sostiene: “Existen claras evidencias de que el Gobierno intenta acabar con la vida de nuestro líder mediante aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, negación de atención médica y otras prácticas que ponen en riesgo su integridad y su vida”.
La carta afirma que, “en la actualidad, y como está bien documentado, José Daniel sufre todo tipo de torturas, vejaciones y carencias básicas en prisión”. La UNPACU exige “el cese inmediato de las torturas y maltratos directos por parte de las autoridades penitenciarias de la prisión y de la jefatura central del MININT” y responsabiliza públicamente “a la alta dirección de la Presidencia de la República de Cuba por la vida de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos del país”.
La organización también denuncia “grave violación de derechos procesales en el caso de José Daniel Ferrer” y subraya que, “hasta la fecha, no se conoce la situación penal de José Daniel Ferrer”. Según el texto, las autoridades han negado una respuesta formal a la “solicitud de aclaración de su situación penal, presentada por sus abogados y entregada por mediación de su esposa Nelva Ismarays Ortega a los tribunales de justicia superior de Santiago de Cuba”. La negativa, añade, “constituye una violación notoria del debido proceso”.
Para rebatir la acusación de presunto vínculo con el terrorismo, la UNPACU enumera varias actividades que ha desarrollado “a lo largo de más de una década” bajo “la premisa de la lucha no violenta”, entre ellas:
La organización considera “inadmisible que el Gobierno intente catalogar como terrorista a una organización pacífica como la UNPACU, mientras glorifica en la historia oficial acciones armadas como el asalto al Cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, que sí constituyeron hechos de violencia armada, con muertos, heridos y daños materiales propios de actividades terroristas”. Frente a ese antecedente, la organización sostiene que “ha defendido siempre la vía pacífica, cívica y democrática para lograr un cambio en Cuba”.
El documento recuerda que “desde 1959, en Cuba no se ha otorgado una amnistía”, instrumento que — según la carta — serviría para “aliviar el dolor de miles de familias e iniciar procesos de reconciliación nacional”. En cambio, denuncia “el aumento represivo”, que “perpetúa el poder mediante la intimidación, la violencia y la prisión política y de conciencia”. Estas prácticas, afirma, “constituyen una violación sistemática de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado cubano como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura”.
Al final del texto, la UNPACU reitera su rechazo a la etiqueta de la Gaceta Oficial y resume sus exigencias: “Por todo lo expuesto, la UNPACU denuncia esta calificación arbitraria y demanda la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos, el cese de las torturas, la derogación de las medidas represivas y la apertura de un verdadero camino hacia la democracia, la reconciliación y la libertad en Cuba”.
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