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MIAMI, Estados Unidos. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) comunicó este jueves que 12 individuos fueron imputados por su presunta participación en una trama internacional de tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero que “facilitó la entrada ilegal de ciudadanos cubanos” a territorio estadounidense a través de solicitudes de visa y trámites migratorios fraudulentos.
Según documentos judiciales citados en el comunicado del DOJ, la organización — descrita como “operadora de contrabando de migrantes” — preparaba peticiones de visa, lavaba millones de dólares en pagos y aprovechaba el sistema migratorio para lucrar con el ingreso irregular de personas, entre ellas cubanos.
Entre enero de 2021 y junio de 2025, los acusados anunciaron “servicios” de visado en línea y prometieron a cubanos la entrada a EE.UU. con supuestas ciudadanías europeas, para lo cual presentaron cientos de solicitudes falsas al sistema ESTA de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), usando domicilios y documentos falsificados.
El esquema se promocionó en redes sociales y en grupos de mensajería cifrada, incluido un chat de WhatsApp llamado “Trámite de ESTA y visa de turismo a USA para ciudadanos españoles”.
El DOJ especificó que lo que empezó como una operación pequeña se convirtió en un negocio: los clientes pagaban entre 1.500 y 40.000 dólares, y en algunas ocasiones se fletaban aviones privados para trasladar grupos. Registros financieros muestran más de 2,5 millones de dólares gastados solo en vuelos, más de 7 millones canalizados a través de aplicaciones como Zelle y más de 18 millones ingresados en 27 cuentas vinculadas a la organización durante la conspiración.
La organización también traficó con menores no acompañados, incluida una adolescente a la que se le indicó hacerse pasar por amiga de toda la vida de un adulto sin parentesco al cruzar la frontera, según el DOJ.
Paralelamente, los acusados operaron la empresa fachada Asesoría y Servicios Migratorios LLC (Tampa), que prometía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias. En realidad, según el comunicado, generaba “modelos en serie” de relatos de asilo sin conocimiento ni consentimiento de los clientes y bloqueaba su acceso a las cuentas en línea de USCIS. La misma cuenta de Instagram que ofrecía servicios migratorios publicaba videos del contrabando de personas hacia EE. UU.
El DOJ enumeró a los 12 acusados y sus lugares de residencia, entre los que aparecen Hialeah (FL), Tampa (FL), Katy (TX) y Cuba. Dos de ellos residen en la Isla: Marianny Lucía López-Torres, 25 años (residente en Cuba, antes en Hialeah), y Frandy Aragón-Díaz, 33 (de Cuba, antes residía “ilegalmente” en Tampa). También figuran Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 (Hialeah, reside “ilegalmente” en EE.UU.); Yuniel Lima-Santos, 30 (Tampa); Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26 (reside “ilegalmente” en Lebanon, Tennessee); Erik Ventura-Castro, 23 (Hialeah); Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 (Tampa); Walbis Pozo-Dutel, 30 (Katy, Texas); Emanuel Martínez González, 28 (reside “ilegalmente” en Hialeah); Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 (Tampa); Layra Libertad Treto Santos, 31 (Tampa); y Gisleivy Peralta Consuegra, 40 (Tampa).
En cuanto a los cargos, el DOJ detalla que todos menos Gisleivy Peralta Consuegra están acusados de “conspiración para cometer tráfico de personas con fines de lucro”. Yuniel Lima-Santos y Frandy Aragón-Díaz enfrentan también cargos de “tráfico de personas con fines de lucro”; Lima-Santos, Vega-Pérez, Aragón-Díaz, Treto Santos y Peralta Consuegra están acusados de “conspiración para cometer fraude de asilo”; y Cabrera-Rodríguez, Lima-Santos, Vega-Pérez, Aragón-Díaz, Ventura-Castro, Martínez Vasconcelos, Escalona-Marrero y Treto Santos enfrentan “conspiración para lavar instrumentos monetarios”.
“El DOJ está investigando y procesando el contrabando de personas de forma más enérgica que nunca, y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza”, dijo la fiscal general Pamela Bondi, citada en el comunicado de la entidad federal. “No descansaremos hasta que quienes se lucran del sufrimiento de personas vulnerables — incluidos muchos menores no acompañados — afronten una justicia severa e integral”.
“Esta acusación pone al descubierto una organización criminal que introdujo personas a gran escala en Estados Unidos y luego les aseguró beneficios migratorios de forma fraudulenta”, afirmó el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti. “Haciéndose pasar por un servicio migratorio legítimo, los acusados usaron promociones en redes sociales y escritos legales falsos para atraer nuevos clientes y perpetuar su fraude”.
La investigación estuvo a cargo de HSI Tampa, el Sector Miami de la Patrulla Fronteriza y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, con apoyo de la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C., y del Centro Nacional de Selección de CBP.
El DOJ recalcó que una acusación es solo una alegación y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.
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