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Hace poco tuve la ocasión de asistir al seminario de alto nivel titulado “El robustecimiento del esquema de amparo social y la inserción laboral en la República Dominicana: un foco estratégico para el progreso social equitativo y perdurable”.
A decir verdad, el seminario fue un foro de análisis convocado para examinar los progresos y las dificultades que confronta la nación en materia de cobertura social. Durante el encuentro, el vocero de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló dos grandes obstáculos estructurales: el avance de la edad de la población y la persistente precariedad laboral, factores que ponen en riesgo la viabilidad y el alcance de los esquemas de seguridad social.
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El aumento de la edad de los dominicanos es un hecho ineludible. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), más del 13% de los habitantes tiene 60 años o más, y se proyecta que para 2050 este segmento constituirá casi una cuarta parte del total de habitantes. Esta mutación demográfica presenta nuevos retos para el Estado en cuanto a jubilaciones, sanidad y asistencia a largo plazo.
El amparo social, entendido como el conjunto de directrices que buscan disminuir la pobreza, la disparidad y la vulnerabilidad a lo largo del ciclo vital, debe ajustarse a este nuevo contexto. No obstante, persisten carencias notables: amplios sectores de la ciudadanía quedan al margen del régimen de aportes formal, dado que más del 55% de los empleados se halla en situación de trabajo informal, lo que restringe su acceso a pensiones y beneficios asistenciales.
El delegado de la Cepal resaltó que la conexión entre el envejecimiento y la informalidad supone una doble dificultad. Por un lado, la mayor longevidad eleva la demanda de servicios y prestaciones sociales; por el otro, la informalidad merma las fuentes de financiación indispensables para mantener dichos servicios. Esta combinación podría comprometer la solidez del esquema y acentuar las fracturas de inequidad en el futuro.
Frente a este escenario, es imperativo reforzar la coordinación entre las distintas instituciones del sistema de protección social, expandiendo su alcance y garantizando su estabilidad económica. Se necesita avanzar hacia estrategias que fomenten la formalización del empleo, estimulen las contribuciones y fortalezcan los programas dirigidos a las personas mayores, lo que incluye atenciones médicas específicas, cuidados integrales y posibilidades de participación activa.
De igual forma, es preciso impulsar un nuevo acuerdo social entre generaciones, que asegure que el avance económico y social del país rinda frutos para todos los grupos etarios. La cobertura social no debe limitarse a socorro, sino enfocarse en la integración, la justicia y la dignidad de las personas.
En resumen, la República Dominicana encara el reto de transformar y actualizar su estructura de amparo social para responder de manera completa a las transformaciones demográficas y laborales. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente incluyente y sostenible, donde la vejez sea vista no como un problema, sino como una etapa de la vida con derechos asegurados y oportunidades reales de bienestar.
