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La lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas y la trata de personas librada a escala continental no se limita solamente a la incautación de drogas y pertrechos, o al desmantelamiento de redes que trafican con migrantes, sino que también abarca el blanqueo de capitales originados en esos delitos.
El titular de Hacienda, Magín Díaz, señaló que frenar el lavado de activos es una prioridad para República Dominicana, debido al alcance internacional de esta actividad del crimen organizado, contra la cual las autoridades unen esfuerzos para impedir que contamine el sistema económico, financiero y de servicios.
El narcotráfico y la corrupción son las fuentes primordiales que generan fondos ilícitos en la economía dominicana, aunque también influyen la clonación de tarjetas bancarias y el tránsito de inmigrantes sin documentos; sin embargo, al tratarse de tipos penales que trascienden fronteras, recursos destinados a su lavado también llegan al país.
Durante su intervención en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, el ministro Díaz indicó que el Gobierno coordina, a través del Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), la implementación de una estrategia para prevenir, fiscalizar y combatir esta actividad delictiva.
El blanqueo de dinero afecta la economía, desequilibra el sistema financiero, distorsiona la sana competencia y la integridad de los mercados, perjudica la imagen de entidades financieras y empresas, incrementa la evasión tributaria y se convierte en un factor de violencia y deshonestidad, por lo que su prevención y control son un asunto de seguridad nacional.
Para comprender el riesgo que representa el torrente de capitales provenientes de operaciones ilegales, se toma como ejemplo el operativo que adelanta la policía de Río de Janeiro, con un saldo de más de 130 fallecidos, contra el Comando Vermelho, una estructura criminal que maneja el narcotráfico y el comercio de armamento en Brasil.
Asimismo, se menciona un informe que detalla la influencia en Colombia de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, mencionada por el presidente Gustavo Petro, cuyos recursos ilícitos habrían permeado dos equipos de fútbol profesionales y cuatro compañías de seguridad privada.
El Gobierno, el Ministerio Público, las entidades bancarias, los entes de vigilancia financiera y las agrupaciones empresariales tienen la obligación ineludible de prevenir, detectar y rechazar las entradas de fondos procedentes de actividades ilícitas como la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas y la migración forzada. Esto equivale a referirse al dinero ilegal y contaminante.
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