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WASHINGTON – La ofensiva militar antinarcóticos de Estados Unidos, que ya tiene en vilo a la región caribeña, se extendió al Pacífico, tal como se comunicó el miércoles 22, después de que una pequeña embarcación sospechosa de transportar estupefacientes fuese neutralizada el día previo en la zona oriental de dicho océano.
“Ayer, el Departamento de Guerra ejecutó un ataque cinético (desde gran altura) letal contra una nave operada por una Organización Terrorista Designada que llevaba a cabo actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, divulgó el secretario Peter Hegseth.
Se trata de la octava embarcación —en su mayoría lanchas, aunque también un sumergible— abatida desde el 2 de septiembre, momento en que Washington desplegó una fuerza aeronaval en el Caribe con el propósito manifiesto de interrumpir los envíos marítimos de drogas ilícitas desde Sudamérica con destino a su territorio.
Hegseth escribió en la red X que “nuestros servicios de inteligencia habían detectado que el navío estaba implicado en el contrabando ilegal de narcóticos, transitaba una ruta habitual para el narcotráfico y llevaba estupefacientes a bordo”.
“Durante la acción, ejecutada en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos extremistas fallecieron y ninguna fuerza estadounidense sufrió heridas”, afirmó el funcionario, reiterando un eslogan que se ha repetido desde la primera operación de este tipo en septiembre.
Hegseth complementó que “al igual que Al Qaeda declaró la guerra a nuestra nación, estos cárteles la están librando contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni clemencia, tan solo justicia”.
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y líderes de la oposición demócrata en Estados Unidos sostienen que los ataques y ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes contravienen la legislación internacional antidrogas, los derechos humanos y las propias leyes norteamericanas.
Igualmente se ha puesto en tela de juicio el despliegue en el Caribe de una notable fuerza de tarea militar, compuesta por nueve buques, dos cazas F-35, bombarderos y hasta 10.000 efectivos, para operaciones contra pequeñas lanchas que podrían ser interceptadas y capturadas por unidades guardacostas.
Con esta octava operación, la cifra de ocupantes de embarcaciones neutralizadas sumaría ya 34. En el séptimo ataque, dirigido contra un sumergible, dos de los tripulantes lograron sobrevivir, fueron heridos, capturados y repatriados a sus países de origen, Colombia y Ecuador.
En los ataques restantes, los ocupantes fueron etiquetados como “narcoterroristas” oriundos de Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, es acusado por Washington de liderar un “Cártel de los Soles”, una red de mandos militares que facilitarían el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y el Caribe.
Sin embargo, al menos dos de los desaparecidos en un ataque eran pescadores de Trinidad y Tobago, según revelaron investigaciones de la prensa trinitense.
Una de las lanchas interceptadas partió de Colombia y no de Venezuela, y en ella perdieron la vida humildes pescadores, según el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha criticado duramente casi a diario el despliegue militar de Washington en el Caribe.
El presidente estadounidense Donald Trump se ha jactado de que los ataques han reducido prácticamente a cero el tránsito de embarcaciones con drogas por el Caribe, y anunció que las operaciones deberán ahora extenderse a instalaciones terrestres.
De acuerdo con estudios de la agencia antidrogas (DEA) y organismos internacionales, la mayor parte de la cocaína sudamericana destinada a Estados Unidos se mueve por la vertiente del Pacífico, y solo una pequeña fracción lo hace por el Caribe.
El fentanilo, principal causante de decenas de miles de muertes por sobredosis y complicaciones en Estados Unidos, ingresa principalmente por vía terrestre a través de la frontera con México, y es introducido en gran medida por ciudadanos estadounidenses.
Venezuela considera que la movilización militar de Estados Unidos se vale de la lucha contra el narcotráfico como excusa, pero en realidad busca atacar al país sudamericano con el fin de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, una tesis compartida también por el presidente colombiano Petro.
El gobierno de Trump ha declarado que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, invocando una ley de los años 70 del siglo pasado que le otorga potestad para actuar sin autorización del Congreso durante 60 días, plazo que expira a principios de noviembre y puede prorrogarse por un mes adicional.
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