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Tal como se constató en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara Alta, el cual confirma el envío del documento procesado a la asesoría jurídica del Gobierno.
Esto implica que el mandatario Luis Abinader dispondrá únicamente de 5 jornadas para aprobarla u objetarla tras recibirla, según lo estipulado en el artículo 102 de la Constitución para los casos donde una ley se aprueba declarándola de urgencia.
No obstante, el proceso previo estuvo caracterizado por ciertas discrepancias en las posturas expuestas por el jefe de Estado, Luis Abinader, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quienes se achacaban mutuamente la demora cuando los informadores indagan sobre el motivo del retardo.
Unos días después de su última discusión en el foro legislativo, específicamente el 28 de julio pasado, el gobernante Abinader había anticipado, sin tener el texto legal en sus manos, su intención de presentar una objeción ante el Senado para subsanar varios errores.
De los Santos aclaró el 11 de agosto siguiente que aún no había cumplido con el procedimiento fijado en el artículo 101 de la Carta Magna pues estaba aguardando “la formulación de las reparos del presidente”.
Empero, el 1 de septiembre, el presidente contestó a una pregunta de los reporteros que el encargado de conocer el estatus de la legislación era De los Santos, dado que “él la poseía”.
“Sobre la ley de residuos sólidos, es oportuno que consulten al titular del Senado, que es él (Ricardo de los Santos) quien la custodia allí en el Senado; nosotros, tan pronto arribe, haremos…”, manifestó al dirigir La Semanal.
A pesar de ello, el legislador De los Santos ratificó su postura en una declaración brindada a los comunicadores de este medio, señalando que la pausa registrada en la pieza se debía a la búsqueda de un acuerdo por parte del Ejecutivo con los sectores involucrados en la aplicación de la ley.
“Estoy a la espera de que se presenten las objeciones (a la ley); estamos llevando a cabo unos análisis de la misma aquí en lo que concierne a la Secretaría General Legislativa. Consultaremos con el Poder Ejecutivo para que, una vez estén listas las observaciones, las remitamos para que vuelva y se le dé el curso correspondiente”, expresó el 31 de agosto pasado.
El titular de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Juan Medina, reveló ayer que el “freno” en el avance de la ley fue provocado, según su versión, por el ámbito empresarial, que intenta evadir el abono de la suma estipulada como parte de la recaudación destinada al fisco por la gestión de los desechos.
“El obstáculo para eso es la contribución que deben efectuar las compañías, que aquí nadie desea abonar. Las empresas que más aportarían eran seiscientos y pico de miles de pesos anuales. Pero es que aquí la gente rehúsa pagar, todo lo quiere (gratis)”, manifestó al ser entrevistado en la sede de la Cámara Baja.
Aunque el artículo 101 de la Constitución no obliga a remitir inmediatamente un proyecto convertido en ley por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, el reglamento del Senado de la República establece un lapso “máximo” de 15 días para cumplir con este trámite.
“Si la propuesta validada por el Pleno requiere ser enviada a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo, el periodo para notificar a esas instancias no excederá de quince días, contados desde su fecha de aprobación”, reza el primer fragmento del artículo 180.
Ante esta circunstancia, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) advirtió en un comunicado de prensa difundido en medios informativos el 31 de agosto anterior que, según sus aseveraciones, el Senado mantenía la ley “retenida”.
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