Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
A medio año de instauradas y reforzadas las políticas migratorias por el Gobierno que preside Luis Abinader, el Grupo Migración y Derechos Humanos de República Dominicana expuso un informe que advierte sobre vulneraciones a derechos fundamentales, efectos económicos adversos y riesgos sanitarios para toda la población.
El grupo insta a la regularización, la formalización laboral y la transparencia, al tiempo que rechaza las propuestas gubernamentales que buscarían limitar la circulación interna de personas foráneas.
“La nación requiere una estrategia migratoria compasiva, ordenada y sostenible: formalizar, integrar y dar estatus legal, en lugar de castigar y precarizar”, señaló el Grupo en su comunicado oficial.
El análisis recopila quejas sobre detenciones arbitrarias, expulsiones masivas y tratos crueles, incluyendo abusos sexuales durante las intervenciones. Se documentan impedimentos al debido proceso legal, falta de información y desmembramiento de núcleos familiares, con consecuencias particulares para mujeres y menores.
El Grupo responsabiliza a la Dirección General de Migración (DGM) por operativos poco claros que fomentan redes de corrupción: sobornos para evitar ser deportados, pagos para retornar tras ser expulsados y otras extorsiones, algunas con la complicidad de funcionarios estatales. Tales prácticas minan la confianza ciudadana y perjudican la imagen internacional del país.
En el ámbito político-institucional, la organización denuncia el uso arbitrario del Consejo Económico y Social (CES), con cambios en los métodos y aparente poder de veto para voces no incluidas inicialmente. A juicio del Grupo, estos manejos falsean la representación y debilitan las vías legítimas de participación. Se exigen directrices claras y consistentes, debate amplio y rendición de cuentas en cada decisión sobre migración y seguridad fronteriza.
El sector de la construcción, fuertemente dependiente de trabajadores extranjeros, mostró un declive interanual en el primer semestre, contrastando con el 2024, cuando fue impulsor del crecimiento.
El Poder Ejecutivo ajustó el Presupuesto para incrementar la inversión pública; no obstante, el Grupo advierte que esto no será suficiente sin normas que permitan contratar mano de obra documentada y erradicar la informalidad que ahoga la productividad, la seguridad social y las cadenas de suministro (cemento, acero, transporte y servicios).
La experiencia regional indica que formalizar a los trabajadores extranjeros aumenta la productividad, la recaudación fiscal y la estabilidad en los sectores; sin mecanismos de regularización efectivos, el país pierde competitividad.
El Grupo alertó sobre el efecto inhibidor de los protocolos aplicados en centros de salud a la población migrante, lo cual ha provocado una disminución en la solicitud de atención médica. Someter a los pacientes al riesgo de expulsión posterior al tratamiento vulnera el derecho a la salud y compromete la protección comunitaria contra enfermedades contagiosas. La situación es crítica para la vacunación infantil y para mujeres embarazadas y en periodo posparto. Se exige acceso universal sin distinción, acorde a las metas oficiales de inmunización y los estándares internacionales de derechos humanos.
En la última semana, la DGM anunció que estudia incorporar en los documentos de residencia la ubicación geográfica y el área laboral donde extranjeros podrían trabajar y desplazarse, limitando su movimiento interno, una acción que contraviene el artículo 41 de la Constitución Dominicana.
Para el Grupo, vincular el permiso de trabajo a un lugar y un rubro específico es un retroceso: disminuye la capacidad de negociación, facilita abusos y represalias, y fomenta la retención de documentos. Además, desalienta la movilidad laboral eficiente, esencial para cubrir vacantes, y termina impactando la productividad, los salarios y las contribuciones a la seguridad social. La organización pide descartar cualquier medida de este tipo y convocar a un diálogo público.
Obstáculos y coste reputacional. La priorización de medidas punitivas, los trámites excesivamente complicados y las expulsiones masivas han generado trabas para empleadores, obreros y familias, incrementando la informalidad y la vulnerabilidad. A su vez, las constantes denuncias de corrupción obligan al Estado a investigar, sancionar y transparentar el uso de fondos en operativos, exigiendo trazabilidad, fiscalización externa y control social.
* Derechos y proceso justo: identificación, claridad informativa y defensa efectiva; veto a expulsiones grupales y perfilamiento racial; protección reforzada a menores; prohibición de aprehensión de embarazadas y posparto en servicios sanitarios.
* Formalización laboral y seguridad social: vías ágiles para empleos formales en construcción, agricultura y servicio doméstico; desvincular la situación laboral de un sitio o empleador; inspección laboral y sistemas seguros para denunciar.
* Acceso sanitario universal: revisión de procedimientos; inmunización sin barreras para infantes y grupos vulnerables; coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.
* Transparencia y supervisión: difusión de costos, criterios y evaluaciones; debate abierto y sin exclusiones; registro migratorio interconectado con protección de datos y monitoreo independiente.
Agregar Comentario