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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación de la sociedad civil Perspectiva de Infancia manifestó su oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ratificación que dio el Pleno a la enmienda que incluyó el concepto de violencia vicaria en el ámbito federal.
Dicha organización fue, de hecho, la que instó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a impugnar la modificación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, así como a los Códigos Civil y Penal federales, y además presentó un *amicus curiae* frente a la SCJN antes del fallo emitido por los ministros esta semana.
En su dictamen, los ministros reconocieron que la reforma al Código Penal Federal, que incorpora la violencia infligida a través de otra persona con el fin de perjudicar a la mujer (violencia vicaria) como un elemento agravante del delito de violencia familiar, presenta deficiencias en su redacción y su aplicabilidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) resulta cuestionable.
“Manifestamos nuestra profunda inquietud por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló modificaciones legales en materia de violencia vicaria, pasando por alto las graves repercusiones en el Interés Superior de la Niñez y en los Derechos Humanos de este grupo poblacional.
“A través de un *Amicus Curiae* que hicimos llegar a la SCJN, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advertimos que las reformas publicadas el 17 de enero de 2024 vulneran el marco constitucional y convencional de protección a la infancia, al instituir un esquema de protección desigual y excluyente”, detalló la organización defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La entidad detalló que la reforma discrimina a la infancia porque define la violencia ejercida por medio de otra persona como una agresión cometida exclusivamente por hombres contra mujeres, pero dejó sin amparo a los niños y adolescentes utilizados por madres agresoras, a las víctimas en contextos de familias homoparentales y a quienes son instrumentalizados por otros familiares.
“Esto genera una disparidad de trato sin justificación y va en contra del derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño”, añadió.
“Las consecuencias legales previstas en la reforma (como la pérdida de patria potestad o la restricción de convivencia) se determinan desde una perspectiva centrada en el adulto y en el género, sin sopesar el Interés Superior de la Niñez como un criterio fundamental, y sin reconocer a las Niñas, Niños y Adolescentes como sujetos de derechos con autonomía progresiva”.
La organización criticó que la reforma no fue elaborada con una visión de infancia y justicia especializada, dado que la violencia vicaria no fue integrada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual contraviene la obligación del Estado de establecer marcos normativos especializados que aseguren una justicia adaptada, protección diferenciada y medidas integrales para la niñez.
“La norma posibilita la limitación drástica de derechos familiares sin garantizar el derecho del niño a ser oído, sin argumentar judicialmente que dicha restricción sea excepcional y necesaria, y sin priorizar la consolidación de su realidad familiar”, puntualizó la organización.
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