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Santo Domingo. – Miles de personas que se encuentran en conflicto con la justicia en la República Dominicana se topan a diario con una cruda realidad: el elevado coste de los procedimientos legales.
Ante esta circunstancia, surge una interrogante esencial: ¿Quién brinda defensa a aquellos que no pueden sufragar los gastos de un abogado?
La respuesta se halla en la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), un organismo autónomo concebido para asegurar el derecho a una defensa técnica gratuita a cada individuo que carezca de recursos económicos, según lo detalló su director, Rodolfo Valentín Santos, durante una entrevista con El Nacional.
“La institución posee el encargo exclusivo de representar legalmente a personas inmersas en conflictos con la ley penal, es decir, asumir la defensa de todos aquellos individuos que supuestamente hayan cometido un robo, homicidio, uso o tráfico de sustancias ilícitas, estafa, abuso de confianza, entre otros, en beneficio de quienes, por cualquier razón, no dispongan de un abogado”, indicó Valentín Santos.
El funcionario resaltó que la ONDP proporciona prestaciones gratuitas, accesibles, equitativas y de calidad a lo largo de todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en la Ley núm. 277-04, que dio origen a la institución como ente autónomo y de rango constitucional.
El director de la ONDP explicó que la asignación de un defensor público puede ser solicitada tanto por el imputado, un familiar, el tribunal, como por cualquier funcionario judicial.
“El procedimiento está regulado por el artículo 116 del Código Procesal Penal y la Instrucción General 05/2014 de la ONDP, normativas que garantizan la asignación inmediata de un defensor público a toda persona que no posea abogado, salvaguardando así el derecho a la defensa, el debido proceso y la dignidad humana”, detalló.
Añadió que la asistencia legal es continua y no cesa hasta que el usuario egresa por completo del sistema judicial, asegurando un acompañamiento ininterrumpido.
Cada defensor público gestiona un promedio de entre 400 y 500 expedientes, lo cual es indicativo de la elevada demanda de servicios legales sin coste alguno en la nación.
Según estadísticas de la ONDP, la entidad recibe alrededor de 69 requerimientos de asistencia diariamente, además de más de 430 gestiones adicionales que no se formalizan en el sistema.
Valentín Santos complementó que la dedicación del personal humano frecuentemente palia las carencias estructurales.
Dentro de los asuntos a los que la ONDP otorga prioridad se incluyen la prisión ilegal, los traslados a centros hospitalarios, los adultos mayores con afecciones graves o los adolescentes en situaciones de crisis.
“No obstante, toda persona bajo imputación posee el mismo derecho a una defensa técnica adecuada, según lo estipula el artículo 39 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la dignidad intrínseca del ser humano. En términos generales, todas las asistencias reciben idéntica atención profesional, sin distinciones de índole social, económica o procesal”, enfatizó el director.
De acuerdo con Valentín Santos, los defensores públicos reciben su retribución del Estado dominicano, representando el 88% de la partida salarial de la institución.
“El sueldo de los defensores se sitúa entre el 11% de los funcionarios públicos mejor remunerados, pero al compararlo con el de fiscales o jueces, sigue resultando insuficiente, considerando la especialización, el nivel de riesgo y la pesada carga de trabajo que su función conlleva”, precisó.
El director admitió que la intensa demanda y la escasez de personal derivan en una sobrecarga laboral, lo que a su vez provoca una alta rotación y la fuga de talentos, a pesar de los esfuerzos por mantener la calidad del servicio.
Valentín Santos explicó que el principal escollo para la ONDP reside en sus restricciones presupuestarias y logísticas, ya que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de salarios, lo cual merma las inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación.
También persiste la carencia de espacios apropiados en algunas jurisdicciones, lo que compromete la confidencialidad y la eficacia en la atención brindada a los usuarios.
Actualmente, la Defensa Pública cuenta con 127 defensores de línea de carrera y 36 coordinadores, sumándose a estos 170 abogados adscritos, alcanzando un total de solo 297 profesionales activos para asistir a miles de ciudadanos sin recursos.
“El objetivo institucional es alcanzar la cifra de 500 defensores públicos de carrera a nivel nacional”, manifestó Valentín Santos, indicando que existe un déficit aproximado de 337 profesionales.
Con miras a reducir esta disparidad, 73 aspirantes se encuentran en proceso formativo en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y se anticipa su incorporación para junio de 2026, una vez que el Estado haya asignado los recursos económicos necesarios.
Valentín Santos considera que lograr esa meta se traducirá en potenciar la cobertura, optimizar la eficiencia y garantizar un acceso real y oportuno a la justicia para los sectores más vulnerables de la población.
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