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La Fiscalía acusa al grupo de concierto para delinquir con fines de corrupción administrativa
SANTO DOMINGO.- La jueza del Sexto Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fue asignada para ver la audiencia preliminar en contra de los señalados en el conocido Expediente Camaleón, entre ellos el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y José Ángel Gómez (conocido como Jochi Gómez), además de sus coacusados.
El caso fue remitido a la magistrada por la jueza coordinadora de los tribunales de Instrucción de esa jurisdicción, tras la presentación formal de la acusación por parte del Ministerio Público, lo cual añade tres nuevos implicados a la red de corrupción.
La señora Rivas deberá fijar la fecha para el inicio de la vista preliminar, donde recaerá sobre ella la importante tarea de evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía. La acusación solicita que los 17 procesados, que incluyen a nueve personas físicas, sean enviados a juicio.
Acusación Fiscal y Red de Corrupción
La Fiscalía imputa al colectivo de asociación de malhechores para cometer prevaricación administrativa, fraude en licitaciones públicas, timo al Estado, sabotaje a instalaciones vitales, contrabando, falsificación, delitos informáticos, actos de terrorismo en infraestructura esencial y legitimación de capitales.
Estas graves infracciones se ejecutaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa. Mediante acuerdos y contratos irregulares con las firmas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se les otorgó acceso preferencial. Presuntamente, estas compañías fueron empleadas para sustraer fondos públicos y llevar a cabo operaciones de lavado de activos, contraviniendo principios fundamentales de transparencia, seguridad digital y legalidad protocolaria.
El esquema criminal, presuntamente liderado por el imputado José Ángel Gómez Canaán, mantiene nexos societarios, financieros y operativos con las mencionadas compañías (Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix). Bajo su supuesta dirección, estas entidades habrían creado una estructura dedicada a estafar al Estado, al blanqueo de capitales y al sabotaje tecnológico, logrando un control sobre activos y recursos estratégicos del Estado.
Se recuerda que en octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, del Tribunal Judicial de Atención Permanente, declaró el expediente como complejo e impuso medidas cautelares a los procesados: Hugo Beras, José Ángel Gómez (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.Este reporte fue publicado originalmente en El Día
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