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La meta del “Despliegue de Contención” es hacer frente al Comando Vermelho, la banda criminal más grande de Río de Janeiro, que opera en las favelas, zonas pobres y muy pobladas de la gran ciudad brasileña.
Río de Janeiro vivió el pasado martes escenas bélicas durante el operativo policial más mortífero contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, que dejó al menos 64 fallecidos y provocó reproches de la ONU.
Unos 2,500 agentes fuertemente pertrechados se internaron en dos sectores populares del norte de la urbe, donde se registraron intercambios de disparos, focos de incendio y enfrentamientos con presuntos delincuentes, según constató un reportero de la AFP.
La finalidad del “Despliegue de Contención” es atacar al Comando Vermelho, la mayor organización ilícita de Río de Janeiro que tiene su base en las favelas, asentamientos precarios y muy densos de la metrópoli brasileña.
El mandatario conservador, Cláudio Castro, reportó 60 presuntos criminales abatidos en el “mayor” operativo policial de Río, con respaldo de dos aparatos aéreos.
Un vocero de su administración comunicó a la AFP que hubo además cuatro efectivos policiales que perdieron la vida. Un total de 81 individuos fueron apresados.
Salvas de disparos infundieron temor entre los residentes, y los comercios y centros educativos se mantuvieron cerrados.
“Todo el mundo está abrumado por el estruendo de los tiros”, comentó por teléfono una fuente involucrada en iniciativas sociales del complejo de Penha, quien solicitó preservar su identidad.
Un fotógrafo de la AFP observó a uniformados con armamento pesado vigilando a cerca de veinte jóvenes agrupados y sentados en la acera, con la cabeza baja, descalzos y sin camiseta, en la favela Vila Cruzeiro, en Penha.
Otros capturados caminaban juntos con las manos atadas a la espalda.
En el hospital Getulio Vargas, en la misma favela, ingresaban cuerpos sin vida de civiles y policías, mientras afuera el tiroteo continuaba, presenció la AFP.
Castro difundió un video en X de un dron arrojando un artefacto explosivo desde el aire.
“Así es como es recibida la policía de Río de Janeiro por los vándalos: con bombas lanzadas por drones. (…) Esto es narcoterrorismo”, manifestó.
Más de 50 vehículos del transporte público fueron empleados para levantar barreras por parte de supuestos miembros de la banda, informó el gremio del sector en Río.
Las incursiones de las fuerzas del orden contra el crimen organizado son habituales en los barrios humildes de Río, donde los agentes frecuentemente entablan tiroteos con narcotraficantes y la ciudadanía padece en medio del cruce de fuego.
La intervención causó interrupciones en la ciudad, con arterias principales totalmente cerradas o bloqueadas.
“Todo está paralizado y nos quedamos sin autobús, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, expresó Regina Pinheiro, una mujer jubilada de 70 años que buscaba volver a su hogar.
En numerosos colegios de la acomodada zona sur de Río, donde se ubican los distritos de Copacabana e Ipanema, se solicitó la retirada anticipada de los estudiantes para permitir que los maestros se movilizaran ante el estado de alerta, verificó la AFP.
El servicio de metro estaba colapsado porque los ciudadanos intentaban regresar a sus casas.
Hasta la fecha, el operativo más letal en Río, con unos seis millones de habitantes, había sido durante la pandemia de covid, en 2021, con un saldo de 28 fallecidos en una sola jornada.
Se incautó “una gran cantidad de estupefacientes”, además de 75 fusiles, señaló Castro, un aliado político del exgobernante de ultraderecha Jair Bolsonaro.
El gobernador aseveró que la acción, resultado de una indagación de más de un año, abarcó un “territorio equivalente al tamaño de dos Copacabanas completos. Es decir, muy, muy extenso”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestó en X estar “consternada” por el procedimiento policial, y recordó a las autoridades brasileñas “sus compromisos” conforme al derecho internacional.
“Un operativo policial que culmina con la muerte de más de 60 residentes y agentes es una inmensa desdicha”, declaró por su parte César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, quien demandó al Ministerio Público investigaciones para aclarar las circunstancias de “cada deceso”.
El diputado y predicador evangélico Henrique Vieira denunció en X que el gobierno regional trata a la favela “como zona hostil, con permiso para disparar y aniquilar”.
El tribunal supremo de Brasil impuso en 2020 ciertas limitaciones a las operaciones en las favelas, como restringir el uso de helicópteros y las acciones cerca de escuelas o centros sanitarios.
Dichas disposiciones fueron revocadas este año por resolución del máximo tribunal.
En 2024, cerca de 700 personas fallecieron en intervenciones de seguridad pública en Río, casi dos por día.
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