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Washington, D.C. — Desde la noche del 30 de septiembre de 2025, la administración de EE. UU. se enfrenta a un paro gubernamental tras no lograrse un acuerdo presupuestario en el Congreso, iniciando el ejercicio fiscal 2026 en medio de una profunda inmovilidad política entre republicanos y demócratas.
El Senado descartó tanto la iniciativa republicana de financiación provisional, que prolongaba los recursos hasta noviembre sin condiciones extras, como la alternativa demócrata, que vinculaba la ampliación a subsidios de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).
El mandatario Donald Trump culpó a la oposición del cierre, acusándola de convertir los fondos públicos en un arma política, mientras que los dirigentes demócratas, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, argumentaron que el verdadero objetivo del gobierno es recortar programas sociales y achicar la burocracia federal.
De acuerdo con la Ley Antideficiencia de 1884, un shutdown obliga a suspender todas las actividades gubernamentales calificadas como no esenciales. Esto implica que cerca de dos millones de empleados federales serán puestos en licencia sin paga o deberán desempeñar sus funciones sin remuneración inmediata hasta que se alcance un convenio.
Los servicios esenciales —como la defensa nacional, los pagos de la Seguridad Social y Medicare, así como el control del tráfico aéreo— seguirán operando, aunque se verán afectados sectores clave:
Los analistas advierten que un cierre prolongado podría generar cientos de miles de millones de dólares en productividad perdida, erosionar la confianza de inversores internacionales en los bonos del Tesoro estadounidense y provocar volatilidad en los mercados.
En el plano interno, se trata del primer shutdown desde 2019 y el número 21 en los últimos cincuenta años. Los expertos señalan que la estrategia de Trump, inspirada en el “Proyecto 2025”, pretende aprovechar la crisis para implementar recortes drásticos y una reestructuración profunda del gobierno federal.
Mientras tanto, la Oficina de Administración y Presupuesto ha ordenado a todas las agencias activar sus planes de contingencia, lo que podría convertirse en una de las suspensiones más extensas y costosas de las últimas décadas si no se alcanzan acuerdos en las votaciones previstas para el fin de semana.
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