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Sevilla (EFE).- La titular andaluza de la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, confirmó este viernes que la inspección ha comprobado que el centro escolar al que asistía la adolescente que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla implementó algunas acciones, aunque “no se tiene constancia” de que se pusieran en marcha los protocolos establecidos para casos de acoso o de comportamientos autolíticos.
“Es crucial señalar, y me parece relevante, que los protocolos son eficaces, siempre y cuando se apliquen. No quiero decir que su mera existencia cambie la realidad, pero si los ignoramos, no tendremos herramientas para evitar estas situaciones, y esa es la esencia de un protocolo”, puntualizó la consejera en declaraciones a la prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz).
El Colegio las Irlandesas de Sevilla, al que pertenecía la joven, había adoptado varias medidas a solicitud de la familia. Entre ellas se encontraba un cambio de grupo, que, según Castillo, es una “estrategia habitual” para mantener separados a los estudiantes implicados, además de “redoblar la vigilancia” en momentos de mayor interacción del alumnado, como son los cambios de clase o el recreo.
No obstante, aclaró que la información de que dispone su consejería hasta el momento indica que “no hay registro del inicio de ninguno de los dos protocolos que deberían haberse activado a tenor de los indicios que se manejan en este caso”, refiriéndose al destinado a la prevención del acoso escolar y al diseñado para prevenir las conductas autolíticas.
Tras recordar que, debido a los indicios, se ha enviado la información recopilada a la Fiscalía por si se desprendieran responsabilidades de carácter penal, Castillo insistió en que estas situaciones “son un cometido de todos, no solo de los centros educativos”, de los cuales resaltó que están realizando “un esfuerzo monumental”.
Hizo énfasis en la influencia de las redes sociales en este tipo de conductas, las cuales pueden manifestarse fuera del horario lectivo o incluso durante los periodos vacacionales. De esta manera, “se puede actuar en el ámbito escolar, pero no fuera de él”, y es allí “donde se vuelve indispensable la cooperación de toda la sociedad”.
La consejera precisó que “siempre existen responsabilidades”, que recaen en primer lugar sobre “quienes deberían asegurar que estas situaciones no ocurran”, pero también “en aquellos que participan en ellas, porque aunque hablamos de adolescentes, son mayores de 14 años, y pueden tener responsabilidad penal”.
Según Castillo, mientras un menor de 5 años carece de consciencia sobre sus actos, alguien de 14, 15 o 16 ya es consciente de sus acciones. Sugirió que quizás sería necesario que las familias se percaten del comportamiento de aquellos adolescentes que pudieron haber “tomado parte” en la situación que afectó a la joven sevillana.
“En este centro o en cualquier otro, sea de Andalucía o de cualquier lugar, deben recordar que muchas veces nuestros hijos cometen errores y hay que ser capaces de decirles: nos equivocamos”, subrayó.
Mencionó que, más allá de las posibles responsabilidades en el ámbito judicial, existen responsabilidades administrativas, motivo por el cual se ha solicitado al centro que ponga en marcha las actuaciones pertinentes. Una vez concluidos esos expedientes administrativos, se podrá llegar a una conclusión definitiva.
Además, explicó que en el caso de ambos protocolos, si alguien informa a un centro o expresa la sospecha de que un estudiante puede estar sufriendo acoso, el centro educativo debe obligatoriamente abrir un protocolo que está “perfectamente detallado” con una serie de pasos.
Consideró que el protocolo de prevención de conductas autolíticas es algo más complejo, ya que implica otros factores como la salud mental y los servicios sociales, pero reiteró que en cuanto se detecta una situación de riesgo “se activa ese protocolo que consta de hasta 11 etapas diferenciadas”.
Castillo confirmó que el centro educativo ha colaborado con la delegación territorial y la consejería, cediendo toda la información que, a su vez, ha sido remitida a la Fiscalía.
Por su parte, la familia de la menor comunicó este viernes que iniciará “todas las acciones legales necesarias” por la inacción del centro educativo.
Así lo manifestó a los medios de comunicación el portavoz familiar y tío de la menor, Isaac Villar, quien aseguró que la única medida adoptada por el centro fue reubicar a las presuntas acosadoras en otro aula, y eso solo ocurrió a petición de la madre de la adolescente.
“Ya estamos dando los pasos (para las acciones legales), y con ello solo buscamos que se investigue a fondo, que se despejen las dudas sobre lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que haya, y que quien sea responsable actúe en consecuencia”, declaró Villar.
El tío de Sandra, la menor de 14 años, explicó que esta situación de sufrimiento que padecía se había prolongado durante aproximadamente un año y se intensificó en los meses de verano, periodo en el que la joven comenzó a recibir ayuda psicológica.
La familia interpuso denuncias en dos ocasiones: la primera a comienzos de año y la segunda, ya de manera formal, antes del inicio del curso escolar actual.
Según Villar, en ninguna de las dos ocasiones el centro se puso en contacto con ellos ni tomó ninguna medida. Incluso, denunció que los profesores con quienes hablaron “nunca recibieron notificación de que se hubiera presentado esta denuncia”.
A pesar del cambio de aula, el presunto acoso persistió, ya que seguían coincidiendo en el patio, los pasillos y en algunas materias comunes, detalló.
“Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo y para que nadie más tenga que pasar por lo mismo”, concluyó con un deseo el tío de la joven.
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