Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Ley de Texas sobre la pena de muerte: qué dice exactamente y cómo se aplica en la práctica
Un juzgado federal en Texas ha devuelto el tema de la censura de libros al centro de la conversación nacional. La llamada “Ley READER”, que obligaba a los vendedores de libros y a las editoriales a categorizar sus obras según ciertos criterios de contenido sexual, ha sido declarada inconstitucional. En la presente nota, desgranamos en qué consistía la normativa, quiénes la desafiaron judicialmente y qué posibles repercusiones podría tener este fallo para la educación y la libertad de expresión dentro del estado.
La resolución judicial, emanada de un juez federal con sede en Waco, responde a las numerosas objeciones presentadas contra el Proyecto de Ley 900 (HB 900), aprobado en 2023. El objetivo de esta legislación era restringir la disponibilidad de ciertos libros en las bibliotecas de las escuelas públicas de Texas. Esta iniciativa, promovida por el representante estatal Jared Patterson y respaldada por sectores conservadores de la política, fue tildada de intento de censura velada por parte de editores, educadores y activistas. Con esta sentencia, la corte subraya los límites que impone la Primera Enmienda a aquellas políticas que buscan controlar el acceso a los textos literarios.
La Ley READER (siglas en inglés para Restricción de Recursos Educativos Explícitos y Designados para Adultos) imponía la obligación a las librerías y editoriales de clasificar el material vendido a instituciones educativas públicas según la índole de su “contenido sexual”. Las etiquetas a aplicar incluían: “sexualmente explícito”, “sexualmente relevante” o “sin restricciones”.
Para muchos, esta exigencia resultaba prácticamente imposible de cumplir. Libreros, casas editoriales y distintas agrupaciones educativas argumentaron que la ley introducía un estándar moral subjetivo sobre una actividad amparada constitucionalmente. Además, confería a la Agencia de Educación de Texas la potestad de modificar las clasificaciones efectuadas por los distribuidores, lo que, en esencia, se traducía en una suerte de veto estatal.
El juez Alan D. Albright, magistrado del Distrito Oeste de Texas, con jurisdicción en Waco, dictaminó que la Ley READER conculca la libertad de expresión y de prensa garantizadas por la Primera Enmienda. En su fundamentación, el juez sostuvo que solicitar a los proveedores de libros que catalogasen cada título según su contenido sexual equivalía a una restricción previa a la publicación y establecía un mecanismo de censura indirecta.
La sentencia también enfatiza que el Estado no puede transferir a entidades privadas la responsabilidad de aplicar criterios de naturaleza subjetiva para determinar qué obras son adecuadas para los estudiantes. De esta manera, se ratificó y se hizo permanente una orden cautelar emitida anteriormente por un tribunal de menor instancia y confirmada luego por el Quinto Circuito de Apelaciones.
Las consecuencias de la entrada en vigor de dicha norma habrían sido significativas. Librerías y editoriales con contratos con el sistema educativo se habrían visto forzadas a examinar miles de títulos, afrontando el riesgo de sanciones ante eventuales errores o discrepancias con la clasificación impuesta por el Estado.
Según la abogada Laura Lee Prather, del despacho Haynes Boone, quien representó a los demandantes, la ley “habría restringido el acceso a la literatura, incluyendo obras consideradas clásicas, para los alumnos a lo largo y ancho de Texas”.
El fallo representa un respiro para las bibliotecas escolares, que ahora pueden mantener sus colecciones sin el temor a posibles represalias de índole político. No obstante, el debate se mantiene vivo en el ámbito legislativo.
El representante Jared Patterson, artífice de la medida, manifestó en su cuenta de la red X sentirse “profundamente decepcionado” y anunció que impulsará una nueva propuesta, el SB 412, cuyo objetivo es perseguir penalmente al personal escolar que permita el acceso a material considerado “explícitamente dañino”.
Entre los promotores de la demanda se encontraban la librería BookPeople de Austin, la editorial American Booksellers Association, el Authors Guild y varias bibliotecas escolares. Estos colectivos alegaron que la norma promovía la censura, infringía el debido proceso legal y generaba un ambiente hostil hacia la literatura juvenil, especialmente afectando a obras que abordan la diversidad sexual o temas sociales de actualidad.
El tribunal coincidió en que la ley adolecía de vaguedad y arbitrariedad, sin ofrecer pautas claras sobre qué debía entenderse por “material sexualmente relevante”.
Agregar Comentario