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Las instituciones educativas del país tienen la obligación de desarrollar acciones bien estructuradas y planificadas para abordar la problemática de la violencia en los entornos escolares, creando a su vez, una conciencia profunda sobre la seriedad de este desafío. Afortunadamente, disponen de los recursos esenciales para llevarlas a cabo. Entre estos, podemos destacar los siguientes:
a. El Papel de los Orientadores y Psicólogos Educativos.
Nuestro país cuenta con una cantidad considerable de expertos en estas áreas, formados con excelencia en nuestras casas de estudio. La disciplina de Orientación, por ejemplo, se inició en la UASD durante la década de los setenta, impulsada por la administración de aquel momento. Fue concebida por especialistas como Maria Teresa Quiriello, Minerva Vincent y Rocío Hernández. Desde entonces, la mayoría de las universidades nacionales han incorporado esta carrera, ampliando luego la formación a los psicólogos educativos.
Por otro lado, el MINERD ha contratado a un gran número de estos profesionales, aunque creemos que su presencia debería incrementarse sustancialmente en función de la matrícula estudiantil de cada plantel. Los orientadores y psicólogos educativos poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo diversas labores, tales como:
* Observación continua de los alumnos bajo su tutela académica, tanto en las aulas como en otros espacios, registrando cualquier manifestación de conducta inadecuada.
* Acompañamiento constante de los estudiantes en los distintos grados y niveles, con especial atención en los períodos de recreo y a la hora de la salida del centro.
* Organización de charlas informativas, así como la proyección de películas y videos pertinentes a la temática.
* Diálogo frecuente con los alumnos para generar un clima de confianza que les permita expresar sus problemas e inquietudes.
b. La Labor del Profesorado.
Los docentes disfrutan de muchas más oportunidades para conocer a fondo a sus estudiantes, debido al trato diario que mantienen con ellos. Por lo tanto, tienen una capacidad significativa para influir positivamente en la resolución de este problema mediante diferentes acciones, tales como:
* Vigilancia constante de sus alumnos y de sus reacciones.
* Conversaciones desarrolladas con tacto e inteligencia para fomentar la confianza y detectar los problemas o las preocupaciones de los jóvenes.
* Fomento de valores humanos a través de asignaturas específicas, como Educación Moral y Cívica, Formación Humana y Religiosa, e incorporando estos principios de manera transversal en todas las materias del currículo.
* Realización de simposios, mesas redondas, y debates entre los estudiantes sobre los conflictos de violencia que ellos mismos exponen, y la búsqueda de soluciones viables.
* Mantenimiento de una coordinación regular con los orientadores para compartir los casos identificados y consensuar las posibles medidas a tomar.
5. Intervención de los Padres.
Es fundamental incluir activamente a los padres y madres de los estudiantes en esta problemática y promover en ellos la plena conciencia acerca de su responsabilidad y sus capacidades. Entre otras recomendaciones, sugerimos:
* Organizar eventos dirigidos a los padres, como conferencias, proyecciones de videos y cine-foros, o mesas de diálogo sobre el tema.
* Mantener una comunicación constante y fluida entre la institución escolar y los progenitores, proporcionándoles información crucial y oportuna sobre el desarrollo integral de sus hijos, tanto en lo académico como en lo conductual.
* Invitar a los padres a participar en las actividades que se desarrollen en el centro, especialmente en aquellas donde sus hijos tengan protagonismo.
6. Compromiso de la Sociedad.
Las entidades comunitarias, los medios de comunicación, las organizaciones cívicas, las iglesias y las autoridades locales deben aunar esfuerzos con las escuelas para construir entornos seguros, solidarios y guiados por el respeto mutuo. Resulta indispensable impulsar una cultura de paz a través de campañas públicas que promuevan valores como la empatía, la tolerancia y la resolución no violenta de los altercados. De igual modo, los medios deben asumir una responsabilidad ética en los contenidos que difunden, evitando modelos de comportamiento agresivos y destacando ejemplos constructivos de coexistencia.
Como se puede apreciar, la violencia en los centros educativos se origina por diversas causas y exige ser tratada como una prioridad a nivel nacional. Por lo tanto, es crucial trabajar con intensidad para encontrar una solución. Esta necesidad imperiosa debe ser abordada por múltiples actores: el gobierno, la comunidad educativa, la iniciativa privada y la ciudadanía en general.
Si no se le hace frente, el país se verá abocado a un profundo deterioro social con repercusiones muy negativas.
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