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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior ha contabilizado **418 casos de menores que han sido víctimas de ciberdelitos de índole sexual en lo que va de 2025**, una cantidad que se **dispara a 5.474** si se toman en consideración los datos que parten desde el año 2018.
“El Ministerio del Interior despliega múltiples acciones con el fin de garantizar su protección, tanto desde una perspectiva de prevención como de reacción”, ha señalado el Gobierno por escrito, respondiendo de esta forma a una interpelación parlamentaria de Vox, y a la que ha tenido acceso Europa Press.
En este marco, el Ejecutivo pone foco en “el desafío actual de las ultrafalsificaciones”, también conocidas como ‘deepfakes’, mencionando el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de la población infantil y adolescente en los entornos digitales –aprobado en marzo por el Consejo de Ministros–, que busca combatir el uso con propósitos delictivos de la imagen o el cuerpo de una persona sin su previo consentimiento.
En su pregunta, Vox hacía alusión al suceso de un inmigrante detenido en Tenerife por distribuir material de explotación y abuso sexual infantil en la ‘dark web’, solicitando al Gobierno información sobre la cifra de gente que había perpetrado este tipo de crímenes y si eran ciudadanos españoles o foráneos.
No obstante, Interior aclara que el Sistema Estadístico de Criminalidad “no está habilitado para determinar el total de detenciones o individuos investigados por transgresiones penales vinculadas a la victimización de menores de edad”.
Por este motivo, la estadística manejada por el Ministerio del Interior lo que pone de manifiesto es que de los **418 niños y jóvenes víctimas de ciberdelitos entre enero y junio de 2025, 52 eran extranjeros** –excluyendo los registros de los Mossos d’Esquadra–. Desde 2018, la cifra de extranjeros alcanza los 707, constituyendo aproximadamente el 13% del total de 5.474 menores.
El Gobierno revisa las modificaciones en la legislación para “abordar de manera directa este reciente problema de las ultrafalsificaciones, de forma que se establece como una tipificación delictiva la divulgación, exhibición o cesión de imágenes o audios que se originen, modifiquen o recreen mediante el uso de herramientas tecnológicas y simulen escenas de contenido sexual o de índole vejatoria”.
Por otro lado, el Ejecutivo persigue que sea sancionable que el mencionado material “llegue a estar al alcance de un colectivo no segmentado de usuarios, entre los que existirá una nutrida representación de personas menores de edad”.
Además del ya citado Proyecto de Ley Orgánica para la protección de la infancia y adolescencia en espacios digitales, el Gobierno subraya que Interior dispone para enfrentar esta problemática de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 y que actualmente está revisando el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, junto a otras iniciativas como la Red Inhope, que se trata de un canal de comunicación facilitado por INCIBE para la notificación de contenidos relacionados con el abuso infantil.
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