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El año precedente, la institución impuso una sanción por confabulación, y en el presente, existen cuatro procesos o casos en fase de estudio relacionados con la alta concentración mercantil. Procompetencia mantiene en funcionamiento un observatorio de la competencia y, usando este estudio que funge como una suerte de regulador visual, la organización revela las empresas que se hallan en coloración roja, indicando una alta concentración en el mercado; en tonalidad amarilla; y en verde a las restantes. Respecto a esto, el observatorio muestra que tres Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) –Senasa, Primera y Mapfre– agrupan el 70% de la cuota de mercado.
Con un nivel elevado de concentración de mercado podemos nombrar el cultivo de cebollas, el sector del acero, el aceite vegetal y los cementos. En la franja amarilla se halla el gremio de los combustibles y las ARS.
La Ley 42-08 cubre el abuso de una posición dominante, las concertaciones o colusiones en las contrataciones públicas y la competencia desleal, que representa la principal queja o reclamo del sector empresarial.
La funcionaria en cuestión trajo a colación la existencia de un decreto presidencial que establece como primordial la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que efectúa recomendaciones clave a las corporaciones.
El reporte referente a los residuos sólidos fue entregado al Congreso Nacional por Procompetencia, órgano que ejerce labores de abogacía (propiciando la prevención) en esta materia. Hizo hincapié en que las observaciones realizadas por el presidente Luis Abinader a dicho proyecto de ley se fundamentaron en los informes que esta institución le había remitido. El documento fue bien recibido por la totalidad de las asociaciones de empresarios. La entidad inicia acciones a partir de informes enviados por las cámaras legislativas, ante requerimientos de gremios productivos y, asimismo, por iniciativa propia. Vásquez Taveras indicó que en la entidad hay un profesional dedicado a dar seguimiento permanente a la agenda legislativa. Subrayó que, en relación con el borrador sobre desechos sólidos, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que sus observaciones ya están listas y que Procompetencia está sumamente atenta al desarrollo de esa normativa.
“En lo concerniente a ese anteproyecto de ley, manifestamos graves inquietudes. Esa legislación propicia la creación de monopolios de índole regional, al determinar la instalación de una planta de sanidad y un vertedero de desperdicios sólidos por cada región; aunque posteriormente se modificó a un vertedero por provincia”, puntualizó.
En este marco de ideas, añadió que también se prevé la formalización de contratos con una duración superior a los 10 años, si consideramos que la más reciente enmienda a la ley es de hace menos de un lustro. Por ende, resulta evidente que este sector es intrínsecamente dinámico y que comprometer a los ayuntamientos durante una década completa no parece sensato, aunado a que esto restaría la capacidad a los cabildos de llevar a cabo modificaciones. Aseguró que, de no haber sido objeto de observación por parte del Presidente, se habría interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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