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Washington, D.C.- La mayoría de tendencia conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos pareció inclinarse este miércoles por desmantelar un instrumento clave de la Ley de Derecho al Voto (*Voting Rights Act*), cuya importancia ha sido crucial durante más de medio siglo para combatir la discriminación racial en el ámbito electoral.
El dictamen, que se espera para el inicio del verano de 2026, podría generar un impacto electoral masivo en beneficio del Partido Republicano, especialmente en los estados sureños.
A lo largo de dos horas y media de argumentaciones, los seis magistrados de corte conservador manifestaron su escepticismo respecto a la legalidad de un distrito congresual de mayoría negra en Luisiana, insinuando que su diseño se sustentó en una consideración excesiva de la raza, lo cual contravendría la Sección 2 de la normativa de 1965.
De ser anulado el distrito de Luisiana, la sentencia establecería un precedente que no solo impactaría a la población negra, sino también a otras comunidades minoritarias como la latina. Esto abriría la puerta a que las asambleas legislativas estatales controladas por los republicanos reconfiguren los mapas electorales para suprimir distritos de mayoría minoritaria, que históricamente han favorecido al Partido Demócrata.
La posición de los jueces John Roberts y Brett Kavanaugh resultó especialmente llamativa, dado que hace solo dos años se unieron a los magistrados liberales para respaldar una resolución similar sobre los límites políticos de Alabama. No obstante, este miércoles, ambos magistrados interpelaron severamente a la abogada de derechos civiles, Janai Nelson.
Kavanaugh inquirió a Nelson sobre si no ha llegado el momento de cesar la creación de distritos basados en criterios raciales, aduciendo que no se puede “permitir que esto se extienda de forma indefinida”. Por su parte, el presidente Roberts argumentó que la decisión previa sobre Alabama se centró en hechos específicos y no debe imponer la obligación de fallar de forma idéntica en el caso de Luisiana.
La jueza de tendencia liberal, Sonia Sotomayor, expresó su inquietud de que la intención del Gobierno federal en la demanda de Luisiana sea “sencillamente eliminar la Sección 2” de la trascendental Ley de Derecho al Voto.
Si el Tribunal Supremo llegara a debilitar o derogar la Sección 2, los estados quedarían sin restricciones federales sobre cómo trazar sus circunscripciones electorales. Se teme que esta situación desemboque en una manipulación extrema de distritos (*gerrymandering*) por parte del partido gobernante, lo cual afianzaría las mayorías republicanas en territorios clave.
El caso emerge en medio de una pugna nacional por la reasignación de distritos, a la que ha incentivado Donald Trump, cuyo objetivo es contribuir a que el Partido Republicano conserve su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes.
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