“En nuestra nación, el abuso o los malos tratos hacia las personas mayores constituyen una problemática que, lamentablemente, pasa desapercibida (o bien, una cuestión que se ignora)

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El Estado está en la obligación de impulsar programas que tengan como fin último delatar los maltratos perpetrados contra nuestros mayores, ya que esto constituye una grave afrenta a los derechos fundamentales de la población de más edad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el maltrato hacia una persona de edad avanzada se entiende como cualquier acción –o serie de ellas– que inflija daño o padecimiento, incluyendo la omisión de medidas necesarias para prevenir perjuicios ulteriores que redunden en un menoscabo de su bienestar. Este tipo de agresión constituye un quebrantamiento de los derechos humanos más elementales y puede tomar diversas formas: desde el abuso físico, sexual o psicológico hasta el de carácter emocional; pasando por la explotación económica o material, el abandono, la negligencia y el detrimento significativo de su dignidad y respeto. En la República Dominicana, el maltrato a las personas de edad es visto como un serio problema de salud pública, pues cuando un anciano es víctima de abuso, su vulnerabilidad se incrementa notablemente, pudiendo incluso sufrir depresión y trastornos cognitivos.

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Esta posición es respaldada por la doctora Rosy Pereyra Ariza, quien cursó un postgrado en Geriatría en el Reino Unido. La Dra. Pereyra Ariza señala que si hay un abuso de índole económica o financiera, la persona mayor se ve imposibilitada de adquirir sus medicinas o de asegurar una alimentación adecuada, lo que la obliga a entrar en el sistema de subsidios del Estado para recibir ayuda. Esto, a su vez, representa un aumento considerable en el gasto público. “El maltrato incluye, asimismo, el aislamiento social, que se produce cuando al individuo se le veta visitar a sus amigos, asistir a la iglesia o tener cualquier tipo de contacto con el exterior. Esta situación genera múltiples trastornos, no solo físicos, sino también neurológicos, porque es sabido que el aislamiento está estrechamente asociado a la aparición de problemas de salud mental,” explica la doctora, quien en el pasado también ejerció como consultora para la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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La especialista recordó que la ley 352-98, si bien no usa de forma explícita la palabra “abuso”, sí establece cómo deben ser tratados los mayores y define las condiciones requeridas para que puedan transitar su vejez con la dignidad, el respeto y la atención que merecen. Del mismo modo, la Carta Magna garantiza que toda persona goce del derecho a una vivienda, a la atención sanitaria y, fundamentalmente, a envejecer con dignidad. “Posteriormente, al realizarse la planificación prospectiva de las políticas públicas que el país iba a necesitar, este tema fue incorporado en el Plan de Economía y Desarrollo. Esto significa que poseemos todos los instrumentos jurídicos necesarios para asegurar que la población de la tercera edad pueda vivir con decencia y decoro en nuestro país”.

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La geriatra fue una de las profesionales que participó en la redacción de la ley 352-98, orientada a la protección de los ancianos. “Dedicamos dos años a entrevistar a personas en cada rincón de la geografía nacional y en todos los estratos sociales, con el fin de entender a fondo la realidad que vivían. A partir de toda esa información, creamos el Código del Adulto Mayor en la República Dominicana, del cual se derivó la ley de protección a la persona envejeciente.” En el año 2006, la Dra. Pereyra fue designada vicepresidenta por dos periodos de la Red Internacional de Prevención del Abuso en el Adulto Mayor, fundada en Estados Unidos. “Empezamos entonces a analizar el maltrato y el abuso en la población mayor a escala global. En ese momento, la sociedad solo enfocaba su atención en el abuso contra niños y mujeres, pero detectamos que el adulto mayor también era una víctima frecuente. Por este motivo, se designó una jornada anual como el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido el 15 de junio por Naciones Unidas en 2017. El objetivo primordial es sensibilizar a la población y promover la denuncia de los vejámenes, abusos y sufrimientos a los que muchos ancianos y ancianas son sometidos en diversas latitudes del planeta.

LA NECESIDAD DE EMPODERAR A LOS ADULTOS MAYORES

Es un hecho que, actualmente, muchos adultos mayores siquiera tienen conocimiento de las leyes que los amparan.

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“Hemos logrado ciertos avances porque el Ministerio Público ha destinado a un fiscal que se presenta semanalmente en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) para recoger las denuncias. Incluso, existe una línea telefónica directa para reportar el abuso; lamentablemente, no se le da la debida difusión. La sociedad debe comprender que aunque el maltrato no esté ocurriendo en su seno familiar, si lo perciben en un vecino o en su entorno inmediato, tienen el deber de denunciarlo. A juicio de la doctora, es imperativo robustecer y empoderar al adulto mayor, haciendo indispensable que conozcan sus derechos. “Hoy por hoy, seguimos percibiendo a esta población únicamente como receptora de caridad o dádivas, en lugar de reconocerlos como sujetos con derechos plenos. Hasta que no logremos este cambio de paradigma, no conseguiremos avanzar sustancialmente en este ámbito.”