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Rafael Guzmán Fermín, quien fuera exjefe de la Policía y hoy es parte de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, arremetió contra Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía. La nación tiene muy presente quién lanza la crítica: los medios lo apodaron “El Cirujano”, y su nombre fue constantemente mencionado por la prensa en los llamados “intercambios de disparos”. En República Dominicana, el uniforme no debería ser herramienta política. Esto es un mandato constitucional y legal. Con ese tipo de antecedentes, resulta difícil otorgarle autoridad moral para erigirse en maestro de la seguridad pública.
Los “intercambios” que no tienen justificación alguna son simplemente repudiables. Estamos hablando de vidas humanas, no de simples comunicados de prensa. El cuerpo de seguridad pública está obligado a actuar siempre con estricto apego a la ley, mesura en la proporcionalidad y debido proceso garantizado. Es un hecho que, en la mayoría de los casos, esos “intercambios” impactan a los más desprotegidos: vidas que carecen de protectores o de voz pública. Eso, también, es una forma de violencia estatal que debe ser objeto de investigación y, en los casos que aplique, debe haber reparación. La autoridad genuina no se edifica con la exposición de cadáveres; se logra protegiendo la vida ciudadana y llevando ante los tribunales a quienes violan la ley.
El verdadero foco de discusión debe ser el modelo operativo: una seguridad que se base en el marco legal, no en el gatillo fácil. El manual de “El Cirujano” se tradujo en balas, un comunicado escueto y silencio posterior. Eso es pura simulación, no una verdadera política de Estado. La República que buscamos consolidar demanda metodología clara, acción preventiva, coordinación precisa, trazabilidad total de los hechos y total rendición de cuentas. El país no está buscando “sheriffs” solitarios: lo que necesita es la presencia de un Estado sólido.
Desde el Ministerio de Interior y Policía se dirige la Policía Nacional, se regula el manejo de armas, se organiza el territorio, se ejercen funciones de disciplina, se previene el delito y se miden los resultados. Faride está logrando avances tangibles: un esquema de patrullaje más inteligente, un control efectivo sobre las armas de fuego, seguimiento focalizado a la delincuencia, prevención apoyada en recursos y la sanción rigurosa de cualquier extralimitación. La tasa de criminalidad se calcula con las mismas métricas de siempre, y la Procuraduría tiene el histórico. Cada lunes, los indicadores son objeto de revisión directa con el Presidente. Se observa más presencia policial, uso de cámaras corporales, recintos modernizados y un sistema de denuncias digitalizado. No se cambiaron las reglas de medición: lo que ha cambiado son los resultados. ¿Existen dudas? Que se haga pública la serie completa de datos y que se solicite una auditoría independiente.
La neutralidad de la fuerza pública no es un gesto de cortesía, sino un claro imperativo legal: las Fuerzas Armadas y la Policía deben acatar al poder civil, ser entidades no partidistas y que no intervengan en la deliberación política. Esa barrera es esencial para impedir que el monopolio estatal de la fuerza se convierta en una herramienta electoral. No está permitido hacer proselitismo mientras se porta el uniforme y, una vez que se cuelga, la autoridad que se ejerció en el pasado no puede ser utilizada como arma política en el presente.
Volvamos al inicio: “El Cirujano” no puede ser visto como un actor imparcial. La cobertura periodística lo identifica como figura central de años en los que los “intercambios” parecían ser un estándar de acción. Ese historial personal no lo coloca en posición de dar cátedra. Una conversación seria sobre seguridad no puede tomar el mismo atajo de antes: confundir la firmeza con una patente para atropellar ciudadanos.
A Faride Raful se le exige y se evalúan sus resultados, pero siempre dentro de los límites de la ley; de ahí la incomodidad que provocan los logros que desmontan la idea nostálgica de que “solo funciona así”. Un país con memoria no puede aceptar lecciones de seguridad del hombre que estuvo al frente de los “intercambios”. El verdadero dilema que se nos presenta no es Faride sí o Faride no: es elegir entre el real Estado de derecho o un simple show basado en el plomo. A ella se le pide aplicar la ley y rendir cuentas; cualquier otra crítica es solo ruido innecesario.
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