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La tendencia a encasillar la conducta de los funcionarios sustenta las generalizaciones. En esencia, culturalmente se asocia la gestión del Estado con el uso de recursos públicos y su inmediata canalización a intereses privados. La vigilancia ciudadana ha ido gestando un curioso proceso de auditoría visual, aparte de los tecnicismos punitivos, pero con una gran capacidad porque marca y desacredita a destacados miembros del ecosistema político.
El triunfo electoral del PRM se centró en diferenciarse en cuanto a la ética de sus rivales. De este modo, el entramado moral de los votantes se sintió atraído por una propuesta que, al alcanzar el poder, carecía de punto de retorno y, sin percatarse, sembró en la población una facultad de descalificación, capaz de destruir a quienes transgredan los mínimos de decencia. Hasta que surgió el caso Senasa, la oposición estaba en una posición precaria para tratar los asuntos de ordenamiento de la gestión pública. Sin embargo, una vez puesto en el foco de la opinión pública un acto deshonesto susceptible de una severa sanción, de forma directa y externalizada, se construye una narrativa de igualdad. En ese contexto, las dos fuerzas opositoras de mayor peso electoral realizan una actuación mediática, no con el objetivo de impugnar la irregularidad administrativa manifiesta, sino promoviendo la idea de un fenómeno del conjunto político, base de un alivio momentáneo para su territorio y, potencialmente, garante de una reconfiguración en la percepción de los electores respecto a veinte años de desempeño ante los fondos públicos.
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El Ejecutivo debe salvaguardar dos aspectos fundamentales. Primero, asegurar que no se reproduzcan irregularidades de ningún tipo, con el objetivo de presentar el caso Senasa como un hecho puntual, inadecuado y sancionable. Segundo, sin interferir en las competencias del Ministerio Público, garantizar que los documentos remitidos sobre los actos administrativos indecentes no generen ambigüedades que favorezcan a alguien. Esa es la única forma de mantener los niveles de distinción que se tradujeron en ventaja electoral, fuente del necesario respiro ético.
La defensa del ordenamiento es responsabilidad colectiva. Sin embargo, al acercarse el final del mandato actual, podrían surgir tensiones y quiebres en los estándares de transparencia; Luis Abinader enfrentará la considerable misión de proteger meticulosamente el legado de su administración, evitando a toda costa que los habituales manipuladores persistan en reproducir conductas nocivas que tienden a aflorar en los últimos años del período constitucional. Preservar la imagen ética y la eficacia del gobierno es crucial, y quien la ponga en entredicho arruina todo.
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