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La privacidad toma una nueva dimensión legal en Florida. La reciente promulgación de la ley SB 1168 promete fortalecer significativamente el marco de protección ante el uso indebido de las tecnologías de rastreo. En esta nota, te explicamos cómo esta iniciativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, podría modificar el panorama del uso de dispositivos Bluetooth y GPS, y cuáles son los riesgos legales que enfrentan quienes los utilicen sin el debido consentimiento.
En un contexto donde los incidentes de acoso digital y el espionaje en el ámbito doméstico se han incrementado notablemente, Florida opta por endurecer su normativa. Esta disposición amplía la ley Senatorial 758 de 2024, que ya establecía penalidades para el uso no autorizado de rastreadores, y aumenta las sanciones para quienes empleen esta tecnología con propósitos criminales.
La ley SB 1168, que obtuvo la aprobación unánime de la Legislatura de Florida, tipifica como delito de segundo grado la colocación de dispositivos o el uso de aplicaciones de seguimiento instalados en la propiedad o el vehículo de un tercero sin su explícito conocimiento. Si dicho rastreo se utiliza para perpetrar o facilitar la comisión de crímenes graves, la condena impuesta podría alcanzar hasta los 15 años de presidio.
Firmada por el gobernador Ron DeSantis en Tallahassee, la legislación busca subsanar vacíos legales que previamente permitían justificar el rastreo por supuestos “motivos personales”. Ahora, incluso en ausencia de daño físico directo, el mero acto de rastreo sin consentimiento se considera una acción punible.
Dispositivos como Apple AirTags, rastreadores GPS y otros similares basados en tecnología Bluetooth, son el foco central de esta nueva ley. Estos aparatos, inicialmente concebidos para localizar objetos extraviados, han sido utilizados en múltiples casos para hacer seguimiento a vehículos, exparejas y víctimas de situaciones de acoso.
De acuerdo con el comité de Seguridad Pública del Senado de Florida, la problemática reside en la sencillez con la que estas herramientas pueden integrarse en el día a día. Por esta razón, la ley no hace distinciones por marca o tamaño: cualquier instrumento que haga posible establecer la localización de una persona o un bien puede ser aceptado como evidencia de rastreo ilegal.
Esta nueva normativa establece penalidades rigurosas. Todo individuo que coloque o utilice un dispositivo de rastreo con la intención de llevar a cabo delitos graves como homicidio, violación, secuestro o robo, podría enfrentar sentencias que llegan a los 15 años de cárcel, además de multas de considerable cuantía.
Las autoridades competentes recalcan que el simple acto de rastrear sin consentimiento consentido ya constituye un delito de tercer grado. Sin embargo, si la información recopilada es instrumental para la planificación o ejecución de un delito de naturaleza grave, el cargo se eleva automáticamente a delito de segundo grado.
A escasos días de su entrada en vigor, el Departamento de Policía de Miami procesó la primera imputación bajo el amparo de la SB 1168. Un hombre fue detenido después de que se descubriera un dispositivo instalado en el coche de su expareja. El incidente está siendo investigado como un posible caso de acoso agravado, un escenario que esta nueva normativa busca desalentar de manera contundente.
Según palabras del fiscal del condado de Miami-Dade, esta clase de procedimientos judiciales enviará un mensaje inequívoco: la tecnología diseñada en principio para la “localización de objetos” no debe ser empleada para espiar a las personas.
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