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Diversas naciones de la OEA brindaron su apoyo al gabinete de Arévalo, quien afronta una renovada embestida de la fiscalía liderada por Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la UE por ser calificada de “corrupta” e “antidemocrática”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, denunció el miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un “intento de golpe de Estado técnico” contra la administración del presidente Bernardo Arévalo, en medio de una arremetida judicial desde el ministerio público.
El mandatario denunció el domingo un nuevo intento de “derrocamiento”, luego de que un juez, a requerimiento de la fiscalía a cargo de la controvertida procuradora general, Consuelo Porras, ordenara al tribunal electoral la anulación total del partido presidencial, Semilla.
Arévalo calificó dicho fallo como un intento de desconocer su victoria electoral de 2023 y solicitó una reunión extraordinaria en la OEA.
“Llamamos la atención de este Consejo Permanente sobre los intentos de promover un golpe de Estado de índole técnica en Guatemala bajo el asedio de la guerra jurídica o ‘lawfare'”, aseveró Martínez en la sesión.
Se está gestando “bajo el cerco de la guerra legal o ‘lawfare’. Lo que estamos presenciando es una utilización indebida de las instancias judiciales amparándose en una apariencia de legalidad”, agregó.
Asimismo, afirmó que “ninguna entidad está por encima de la voluntad popular, y por ende condenamos la utilización del ‘lawfare’ como instrumento para deslegitimar ejecutivos electos”, insistió.
Varias naciones miembros de la OEA manifestaron su respaldo al gobierno de Arévalo, objeto de una nueva ofensiva por parte de la fiscalía de Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta” y “contraria a la democracia”.
La Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial, reafirmó el miércoles la validez del triunfo electoral y la toma de posesión de Arévalo.
Pero poco después, la fiscalía solicitó a la Corte de Justicia que se retire la inmunidad a Arévalo para investigarlo por un supuesto incumplimiento de sus deberes a raíz de la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, catalogada como organización “terrorista” por Guatemala y Estados Unidos.
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