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El Ministerio Público (MP) pidió que se impusieran 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva, contra cuatro personas detenidas ayer, jueves, por presunta estafa electrónica y lavado de activos en el marco de los allanamientos realizados como parte de la continuación de la Operación Guepardo. La solicitud recayó sobre Loana Paola Guerrero Milián, quien actuaba como contadora de Novasco Real Estate, SRL, y sobre Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la compañía, quien empleaba el temor para intimidar a las víctimas que exigían la restitución de sus fondos, así como sobre las “master brokers” de los supuestos proyectos Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
En la presentación efectuada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, el MP solicitó la imposición de la medida privativa de libertad y que el caso sea catalogado como de tramitación compleja. Actualmente se aguarda a que el tribunal establezca la fecha para la audiencia sobre la medida coercitiva.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana cuentan, en esta persecución, con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional.
Como parte de las acciones, ayer se ejecutaron allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, contra integrantes de la red criminal dedicada a la estafa electrónica y al lavado de activos, la cual habría perjudicado a cientos de víctimas y generado más de 18 millones de dólares bajo la falsa promesa de construir apartamentos a bajo costo.
Los cuatro imputados fueron detenidos durante el operativo: Loana Paola Guerrero Milián en Punta Cana, Javier Gustavo Ulloa Bueno en San Cristóbal, Astrid Inmaculada Rydelis Bello en el Distrito Nacional y Samayra del Rosario Barreto en La Romana.
Se confiscaron vehículos de lujo, efectivo, inmuebles, automóviles de alta gama, equipos electrónicos, documentos societarios vinculados al delito investigado y objetos de gran valor.
Estas nuevas acciones contra organizaciones del crimen organizado se insertan en el plan institucional impulsado por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho.
Las autoridades reiteraron su compromiso con las víctimas identificadas en la Operación Guepardo y su intención, como órgano perseguidor, de presentar ante los tribunales de la República a todos los implicados en esta estructura delictiva y de recuperar los activos.
Los fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, están a cargo de la investigación.
**Los hechos**
El expediente señala que los miembros de la red fundaron la empresa Novasco Real Estate, SRL, con el objetivo de cometer el ilícito y, posteriormente, obtuvieron la franquicia de RE/MAX, una marca multinacional reconocida que genera confianza por su reputación, aunque todo resultó ser una fachada para captar clientes, quienes se convirtieron en víctimas de la organización.
Por su participación, se dictó prisión preventiva a Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux; mientras que Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia al intentar cruzar Venezuela y lleva detenida desde febrero de 2025, a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.
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