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Tras varios años buscando apoyo legislativo, el empresariado halló una aliada en la Cámara de Diputados que comparte su perspectiva sobre reformar el pago por cesantía.
Tras varios años buscando apoyo legislativo, el empresariado halló una aliada en la Cámara de Diputados que comparte su perspectiva sobre reformar el pago por cesantía.
La legisladora Carmen Ligia Barceló es una de las impulsoras de las cuatro iniciativas que analiza la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara Baja, encargada de estudiar las propuestas de reforma al Código de Trabajo antes de su votación.
Ligia Barceló opina que es indispensable fijar un límite máximo a las prestaciones laborales, concretamente “seis veces el valor del salario básico…”.
“Debemos establecer un balance entre los beneficios para los empleados y la sostenibilidad de las empresas”, declaró a la prensa durante una reunión en el hemiciclo.
Esta congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que es su “obligación y responsabilidad” seguir impulsando este tema en las discusiones, dado que “es fundamental para el entramado empresarial de la República Dominicana”.
“Especialmente en una nación donde la mayoría de los negocios son PYMES y las cargas del pasivo laboral frecuentemente conducen a la insolvencia”, enfatizó.
Aparte de acotar este derecho consolidado por los gremios sindicales en 1992, la diputada busca excluir a los trabajadores del servicio doméstico de las compensaciones económicas estipuladas en el Código de Trabajo actualmente para otros asalariados, algo que el marco legal vigente no contempla.
“Las disposiciones de los artículos 80 en adelante del Código de Trabajo no se aplican a los contratos del empleo del hogar”, se lee en el párrafo del artículo 265 de su propuesta, titulada: Del Trabajo de los Domésticos.
Igualmente, la legisladora propone incrementar el límite permitido para la cantidad de horas en el supuesto de faenas extras.
De ser aceptada por los demás diputados, este tope podría subir de 80 horas trimestrales a 120 horas en el mismo lapso.
Por otro lado, Barceló plantea que las empresas de zonas francas también deben abonar el pago por participación previsto en el compendio de leyes laborales a sus trabajadores.
“Es imperativo que toda compañía abone una porción equivalente al diez por ciento de las ganancias o beneficios netos anuales a todos sus empleados con contrato indefinido. Esta no podrá superar el equivalente a cuarenta y cinco días de sueldo normal para quienes hayan laborado menos de tres años y a sesenta días de sueldo normal para aquellos con tres o más años de servicio”, especifica el artículo 235 de la ley actual, detallando su alcance.
Aunque esta no es la misma formulación que presentaron los empresarios, coincide con la “urgencia de modificar la cesantía”.
Más de 11 asociaciones gremiales, a través del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), pactaron el 4 de diciembre pasado establecer un tope máximo de seis anualidades para el pago de las indemnizaciones por despido que deben cubrir a sus empleados. Sin embargo, el Senado de la República no lo aprobó, por lo que, a día de hoy, la cesantía se mantiene sin cambios.
El polo sindical del país ha advertido que no dará su consentimiento a la alteración de esta salvaguarda laboral. No obstante, el Congreso Nacional es el cuerpo al que la Constitución le otorga la autoridad para decidir sobre este punto.
La comisión de congresistas debe examinar cuatro proyectos de ley: tres radicados por diferentes diputados y uno proveniente del Senado, canalizado el pasado 16 de octubre.
La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, a la cual pertenece la representante Barceló, anticipa que ese cuerpo legislativo podría avalar una de las propuestas antes de febrero.
“Estamos casi en sesión continua. Por supuesto que sí. Es factible. Incluso el propio presidente de la Cámara de Diputados (Alfredo Pacheco) ya lo ha señalado en varias ocasiones”, comentó el diputado presidente Melido Mercedes al responder a preguntas de los reporteros en el Congreso Nacional.
