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Fujimori mencionó que los peruanos “están solicitando insistentemente” “seguridad”, aludiendo a la ola de delitos que azota al país, y que por esa razón su formación política, Fuerza Popular, participará en las elecciones generales del próximo año.
Keiko Fujimori celebró este lunes el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que invalidó la acusación en su contra por presunto lavado de dinero, proveniente de fondos supuestamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht y otras compañías para sus campañas de 2011 y 2016. A pesar de esto, no confirmó si se presentará por cuarta ocasión como aspirante a la Presidencia de Perú en los comicios de 2026.
En una conferencia de prensa, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular comunicó que tomará esa decisión “en pocos días” junto a sus hijas, y que realizará “el anuncio correspondiente”. Esto sucede después de haber sido derrotada en la segunda vuelta de las últimas tres elecciones frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
No obstante, la hija y sucesora política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) señaló que, luego de una década de “acusaciones infundadas”, esta determinación “es más compleja de adoptar”.
Además, Fujimori reiteró que los ciudadanos peruanos “se encuentran clamando” por mayor “seguridad”, a causa de la creciente criminalidad en el país, e insistió en que su partido, Fuerza Popular, concurrirá a los comicios generales del año entrante.
“Aparte de ser una oportunidad, es un compromiso como organización política”, afirmó la tres veces contendiente a la presidencia.
Fujimori resaltó que la resolución del TC es un acto de justicia, ya que “enmienda errores y abusos” supuestamente cometidos en la imputación fiscal conocida como el caso Cócteles, por la cual incluso estuvo encarcelada de forma preventiva.
La primogénita de Alberto Fujimori se quejó de que hubo “detenciones preventivas injustas” y “registros sin fundamento legal”, fundamentados en “imputaciones que parecían un castigo permanente”.
A pesar de ello, aseguró que acoge la decisión del máximo tribunal de garantías de Perú “sin resentimiento y con la cabeza bien alta”, dado que cree “en un proceso legal adecuado y no en una persecución política”.
En esa línea, agradeció a su abogada, Giuliana Loza, por haber emprendido una “verdadera gesta con dignidad”, así como a los dirigentes, colaboradores y miembros de su partido que fueron “involucrados injustamente en este proceso” que afectó a cerca de 40 coacusados.
“Somos conscientes de que con la llegada de las elecciones, vendrán nuevas denuncias, pero el perjuicio no es solo para la democracia, sino para el ciudadano”, aseveró Fujimori.
La precandidata presidencial de Fuerza Popular enfatizó que su queja se dirige “contra aquellos que instrumentalizaron la justicia como arma política”, pero afirmó que “este día marca un punto de inflexión, porque se ha dictaminado que la justicia carece de afiliación partidista”.
Al preguntársele si evalúa presentar una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez, respondió que personalmente no ha tomado esa decisión, pero que “los más de 40 imputados tienen todo el derecho a hacerlo”.
La sentencia del TC declaró “fundada” una acción de amparo presentada por la defensa de Fujimori y dispuso el archivo definitivo del proceso.
La representante legal de Fujimori había solicitado la anulación de las decisiones judiciales conectadas con el proceso seguido a su defendida por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, declaración falsa y falsedad genérica, así como “todos los actos previos” desde el inicio de las indagaciones preliminares en 2017.
Loza argumentó que antes de noviembre de 2016, recibir dinero para financiar una campaña electoral no se consideraba un posible delito de lavado de activos, y que la Fiscalía introdujo nuevos elementos al expediente en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.
“No se está determinando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino verificando la imposibilidad de continuar con una imputación que carece de base jurídica y se opone claramente a lo establecido en la Constitución”, precisó el fallo del TC.
El denominado ‘caso cócteles’ fue iniciado contra Fujimori y otros líderes de Fuerza Popular por la presunta financiación ilegal de sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que el partido justificó como ingresos obtenidos de una serie de eventos de ‘cócteles’ con simpatizantes.
Durante la fase de investigación, Fujimori fue encarcelada preventivamente en dos oportunidades que sumaron aproximadamente un año y medio; la última vez, antes del inicio de la pandemia del covid-19, lo que motivó su excarcelación para gozar de libertad condicional.
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