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El Ministerio Público afirma que los involucrados manipularon el lugar de los hechos y eliminaron evidencia.
SANTIAGO – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó este martes medidas de coerción contra los once oficiales de la Policía Nacional señalados por la muerte de cinco hombres el 10 de septiembre pasado en una plaza comercial de La Barranquita, y calificó la causa como de tramitación compleja debido a la gravedad del suceso.
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Los agentes están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Al concluir la audiencia, que se prolongó más de seis horas con dos recesos, el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución, reiteró el compromiso del Ministerio Público con la búsqueda de justicia.
“Desde el inicio nos comprometimos con la investigación. Ya hemos procesado estos hechos que provocaron cinco muertos, y es imprescindible que se haga justicia”, declaró Camacho, quien estuvo acompañado por las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular de Santiago, Yeny Liranzo, y el procurador de corte Héctor García.
Camacho subrayó la seriedad del caso y llamó a la reflexión: “Es importante que, a partir de estos hechos, aprendamos como sociedad a prevenir que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”.
Según el expediente, tras los hechos los oficiales llevaron a cabo diversas acciones para ocultar pruebas y entorpecer la investigación, entre ellas el robo de teléfonos móviles y de los DVR de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona.
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El documento también señala que los imputados llegaron al sitio en tres vehículos – dos automóviles (Mazda y Honda Civic) y un Kia K5 del 2013 –, de los cuales descendieron y abrieron fuego sin mediar palabra contra las víctimas, mientras un testigo grababa parte del episodio y posteriormente le arrebataron su teléfono móvil.
Incluso, de acuerdo con el Ministerio Público, los acusados contactaron al dueño de un negocio cerrado para que les entregara el sistema DVR del local, con el objetivo de suprimir evidencias.
El caso fue clasificado provisionalmente como vulneración de los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó desde un principio una investigación profunda para determinar las circunstancias del hecho y actuar conforme a los resultados.
El Ministerio Público continuará ampliando la pesquisa dentro del proceso declarado complejo, con la finalidad de identificar todas las responsabilidades penales.
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