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El presidente Bernardo Arévalo sostiene una prolongada disputa con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien ha acusado de impulsar un “golpe de Estado” al iniciar investigaciones cuestionables con el objetivo de impedir su toma de posesión en enero de 2024.
El Ministerio Público guatemalteco imputó este martes al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por “corrupción” a raíz de la firma de un acuerdo contractual con una agencia de la ONU destinado a la adquisición de insumos médicos.
Arévalo mantiene un enfrentamiento de larga data con la fiscal general, Consuelo Porras, a la que acusó de intentar un “golpe de Estado” mediante la apertura de indagaciones polémicas para evitar que asumiera la Presidencia en enero de 2024.
El actual mandatario carece de la potestad para destituir a Porras, cuyo mandato se extiende hasta mayo de 2026 y que ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”.
El fiscal Rafael Curruchiche, igualmente sancionado por Washington y Bruselas, afirmó la existencia de “corrupción” en el contrato valorado en 943,9 millones de dólares, destinado a la compra de medicinas y equipos, rubricado en abril de 2024 por el Ministerio de Salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Curruchiche sostuvo que este “contrato perjudicial para los intereses” del país, firmado por el entonces ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de UNOPS, “debería haber sido aprobado” por el Congreso.
Adicionalmente, informó que un juez emitió una orden de captura contra Cordón y que la fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del actual titular de Salud, Joaquín Barnoya, a quienes imputa los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.
El fiscal también aseveró que el contrato fue instruido por el presidente y su hermano Martín Arévalo, quien ejerce como funcionario de UNOPS en Roma.
El presidente rechazó categóricamente las afirmaciones de Curruchiche. “Inventan casos como el que se está inventando ahora, es una ficción, son fantasías animadas de ayer y hoy”, declaró en una conferencia de prensa.
Dos semanas antes, Arévalo había expresado que su hermano “no tiene ni la más mínima relación con las gestiones que se realizan a nivel Guatemala”, ya que su función es como representante de UNOPS ante la FAO.
La oficina de UNOPS en Guatemala no ha emitido comentarios sobre las declaraciones del controvertido fiscal.
Curruchiche señaló que “este caso de corrupción e impunidad (…) no es el único” que involucra al gobierno, pues existen 24 diligencias de investigación en curso.
En agosto del año pasado, Curruchiche ya había solicitado el desafuero del presidente socialdemócrata, acusándolo de autorizar pagos “ilegales” a empresas constructoras. La resolución judicial sobre esta petición sigue pendiente.
Además, en 2023, la Fiscalía solicitó investigar a Arévalo por presunto lavado de dinero en el proceso de constitución de su partido político, Semilla.
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