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SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) –
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, justo en el contexto del Día Mundial de la Reparación, ha enfatizado la trascendencia de sensibilizar a los ciudadanos y usuarios en general sobre la **importancia de arreglar** sus electrodomésticos, equipos electrónicos y otros objetos de uso diario.
Esta práctica contribuye a alargar la vida útil de los bienes, fomenta la economía circular y ayuda a disminuir la cantidad de desechos electrónicos producidos, conforme han comunicado a través de una nota informativa.
Así, los responsables de Consumo de la Junta han recordado que la reparación **puede verse como la ‘cuarta R’**, que se agrega a la conocida regla de las 3R –reducir, reutilizar y reciclar–. “Hablamos de una acción fundamental que confiere a quienes consumen un rol dinámico en la edificación de un esquema de consumo más consciente y perdurable”, han destacado.
En este orden de ideas, han mencionado que tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo han resaltado la obligación de asegurar el derecho a ser reparado, mediante la Directiva (UE) 2024/1799, vigente desde el año anterior. Esta regulación impone deberes comunes a todos los Estados miembros, los cuales deberán incorporarla en sus marcos legales nacionales **antes del 31 de julio de 2026**.
Según han insistido, entre las modificaciones más relevantes, la normativa exige a los fabricantes, incluso superado el período de garantía legal, ofrecer el servicio de arreglo para productos tales como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas, teléfonos móviles o tabletas, dispositivos con baterías para vehículos ligeros (patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, y similares), entre otros, **de forma gratuita o a un precio razonable** y en un lapso de tiempo adecuado.
Además, tendrán la obligación de informar a los consumidores de manera clara y fácilmente entendible acerca de los servicios de reparación disponibles, asegurando que los repuestos se ofrezcan a precios accesibles para evitar que la gente se desanime a reparar.
Las empresas deberán garantizar la disponibilidad de las piezas de recambio durante un mínimo de diez años desde que el producto deje de fabricarse o comercializarse. De igual forma, mientras se lleva a cabo la reparación, el fabricante puede facilitar un producto de reemplazo, y en caso de que el arreglo no sea viable, tendrá la potestad de proponer **un bien reacondicionado**.
La normativa comunitaria fortalece la protección de los derechos de los consumidores, a la vez que promueve un modelo de consumo más sostenible basado en extender la duración de la vida útil de los objetos adquiridos.
Desde el organismo de Consumo han recordado, además, que hoy en día los productos nuevos tienen una garantía legal de tres años. A esta cobertura obligatoria **es posible sumar la llamada garantía comercial**, que de manera voluntaria ofrecen ciertos fabricantes o distribuidores.
Mientras esté activa la garantía, la reparación no tiene coste e incluye todos los gastos necesarios, como el traslado, la mano de obra o los materiales. Al entregar un aparato para su arreglo, el comprador tiene derecho a obtener un comprobante escrito donde se especifique la fecha de entrega y el fallo o disconformidad detectada.
Este modo de consumo consciente y sostenible también **podemos aplicarlo antes de adquirir** un dispositivo electrónico como un teléfono móvil o tableta, de modo que seamos capaces de seleccionar aquellos artículos que prometan mayor durabilidad.
Desde el pasado mes de junio, los móviles y las tabletas disponen de un nuevo etiquetado energético que, entre otros datos, nos muestra los niveles de reparabilidad del dispositivo, en un baremo que va desde la A (la máxima facilidad de reparación) hasta la E (la mínima), considerando seis criterios: profundidad del desmontaje, tipo de sujeciones, herramientas requeridas, piezas de recambio necesarias, **vida de las actualizaciones de software**, y la información existente para efectuar el arreglo.
Por último, han recalcado que ante cualquier inquietud o requerimiento relativo a temas de consumo, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de orientación e información para consumidores y usuarios, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
Se trata de un servicio accesible por diversos canales, al que se puede acceder mediante el número telefónico gratuito 900 21 50 80, y el email consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos operativos de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8.00 a 15.00 horas los sábados (salvo días festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es, y de sus perfiles en X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede solicitar asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, junto con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de consumidores y usuarios.
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