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SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno andaluz ha resuelto manifestar un “criterio desfavorable” a la consideración, en el Parlamento, de la propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista para modificar la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía. Esta iniciativa busca “introducir la disminución legal y obligatoria de los límites máximos de alumnos por aula en todas las etapas educativas, en conjunción con un plan de aumento de personal y recursos para su puesta en marcha, además de establecer la obligación de aprobar un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación”.
Así se detalla en el propio acuerdo del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press, por el que se transmite la “opinión contraria” del Ejecutivo del PP-A de Juanma Moreno a la tramitación de esta iniciativa legislativa, acuerdo que fue adoptado el pasado 15 de octubre.
Para sustentar esta postura, desde el Gobierno andaluz se argumenta en este acuerdo que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “ya está trabajando en medidas orientadas a optimizar la ratio, fortalecer la atención a la diversidad y avanzar en la simplificación administrativa con el respaldo del diálogo social”. Además, advierten de que el informe económico que acompaña a la proposición de ley socialista “carece de seriedad y se desvía considerablemente de la realidad económica actual”.
El Gobierno andaluz también expone que “la normativa básica estatal rige de forma exhaustiva el sistema de admisión, escolarización y número máximo de estudiantes por unidad”, de modo que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, “fija en su artículo 157.1 los criterios y topes relativos a la ratio alumnado/unidad, estableciendo un máximo de 25 alumnos para educación primaria y 30 para educación secundaria obligatoria”, mientras que “el tope de 35 alumnos para bachillerato se establece en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero”, el cual fija los requerimientos mínimos de los centros que ofrecen enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria.
LA JUNTA YA AVANZA EN “LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE RATIOS”
“Estas cifras configuran el marco de requisitos básicos de aplicación homogénea para todas las comunidades autónomas, asegurando un estándar común en todo el territorio nacional”, subraya el acuerdo del Consejo de Gobierno, que añade que Andalucía “ha iniciado un camino estructural hacia la disminución progresiva de las ratios escolares, incorporando esta meta de manera permanente en su estructura normativa y en la planificación educativa autonómica”.
De esta manera, la Junta explica en esta resolución que “la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha decidido ir más allá de los límites estatales, promoviendo una reducción paulatina y estructural de las ratios que ha sido pactada con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en la Mesa Sectorial de Educación, y con las entidades que representan a la enseñanza concertada en la Mesa de la Enseñanza Concertada”.
Dichos acuerdos “contemplan la bajada de la ratio en el segundo ciclo de educación infantil, que pasará de 25 a 22 alumnos por unidad, iniciando su aplicación en el curso 2026/2027 y finalizando en el 2028/2029, con una posterior expansión gradual a la etapa de educación primaria”, detalla el documento del Consejo de Gobierno. Además, aclara que “se incluye un refuerzo de las plantillas para la atención a la diversidad en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en función de la ratio”.
LA PROPUESTA SOCIALISTA “CARECE DE RIGOR”
En este sentido, el Gobierno andaluz señala que la medida de reducción de la ratio incluida en la proposición de ley socialista “sigue la dirección marcada” por el Ejecutivo de Juanma Moreno. No obstante, la iniciativa del PSOE-A “adolece de precisión técnica y carece de la solidez necesaria para garantizar su viabilidad y efectividad, puesto que no está respaldada por una memoria económica adecuada que permita su aplicación”, según la Junta. En esta línea, indica que “el informe económico y la proyección plurianual de sostenibilidad presupuestaria adjuntados a la mencionada proposición de ley resultan claramente insuficientes y erróneos para sostener las previsiones que contiene el texto”.
Así, el Gobierno andaluz estima que se requeriría crear “más de 28.000” unidades escolares en los centros públicos andaluces para cumplir con “la reducción de ratios planeada en la iniciativa legislativa” socialista, lo que, además, “implicaría la incorporación de más de 45.000 nuevos docentes de los cuerpos de maestros y de profesores de enseñanza secundaria”, según el acuerdo del Consejo de Gobierno, firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.
“El impacto económico anual consolidado derivado de este incremento de plantilla —que el Gobierno andaluz calcula en más de 72.000 puestos, sumando también el personal no docente—, incluyendo salarios, cotizaciones sociales y gastos conexos, superaría los 3.750 millones de euros anuales, monto que se consolidaría de manera estructural en los presupuestos de la comunidad autónoma”, prosigue detallando el acuerdo de posicionamiento de la Junta. Además, advierte de que “deberían considerarse” igualmente “inversiones adicionales en infraestructuras y equipamientos para acondicionar los espacios escolares a las nuevas ratios, con un costo que podría superar los 2.000 millones de euros adicionales a medio plazo”.
Por otro lado, desde la Consejería de Desarrollo Educativo se apunta que “la inclusión en la proposición de ley de un precepto que obligaría a la Junta de Andalucía a aprobar en el plazo de seis meses un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación (…) carece de justificación, al ser un tema ya abordado por la administración autonómica en el marco de su política general de modernización y optimización de los procedimientos”.
Adicionalmente, el Gobierno andaluz aclara que está impulsando “la tramitación de un proyecto normativo que abarca medidas de simplificación en el ámbito educativo, actualmente en fase de negociación con los agentes sociales, tras concluir la fase de consulta previa”. Asimismo, resalta que el Grupo Socialista “propone un plan de simplificación que, de aplicarse en los términos redactados, aumentaría la burocracia al pretender la creación de nuevos informes de seguimiento del propio plan, o la creación de una plataforma informática adicional a la ya existente ‘Séneca’, que es un sistema digital seguro, accesible y eficiente”.
En consecuencia, el Ejecutivo andaluz ha llegado a la conclusión de que la mencionada proposición de ley del PSOE-A, “en sus aspectos positivos, se limita a seguir la dirección marcada” por la actual administración autonómica, aunque “carece de la seriedad necesaria para abordar un asunto de especial trascendencia en la vida de los centros educativos y en la calidad de la enseñanza, no cuenta con un informe económico riguroso y no especifica la fórmula de financiación requerida para su implementación”. Por todo ello, ha acordado manifestar su “criterio desfavorable” a su toma en consideración en el Parlamento andaluz.
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